Fotografía de JUAN BARRETO | AFP
La crisis de la democracia venezolana es un tema de seguridad nacional. Porque mantener y ampliar el sistema de libertades es fundamental para el país, afirmó Aníbal Romero. He realizado una suerte de síntesis de lo escrito por este barquisimetano sobre el régimen político del lapso 1958-1998. Entre otros libros, los siguientes: La democracia venezolana y sus perspectivas (1984), La miseria del populismo. Mitos y realidades de la democracia venezolana (1987), Decadencia y crisis de la democracia. A dónde va la democracia venezolana (1994) y Disolución social y pronóstico político (1997).
La crisis es política: fracaso del liderazgo, de las políticas públicas, conversión de los partidos en meras maquinarias electorales y descontento generalizado de la población. El Estado no puede abandonar repentinamente el rentismo petrolero pero sí puede orientarse a atender los más graves problemas de la población en salud, educación, etc. Hay que desarrollar un liderazgo de calidad que exponga el modelo económico y político que se quiere implementar, sus costos, sus sacrificios, sus beneficios.
El sistema político venezolano se ha sustentado en una serie de alianzas -de reglas de juego-que comienza a mostrar fisuras. El dilema es si atender la inversión y el desarrollo o las aspiraciones distributivistas de la población. El liderazgo no ha cumplido la función de preparar a la sociedad para el cambio. La democracia muchas veces se ha perdido en América Latina por incapacidad de los grupos dirigentes para resolver los problemas. Las élites no ven que estamos próximos a la catástrofe. En 1984 Romero no ve cercano un golpe de Estado. Pero el deterioro del país y el agravamiento de los conflictos puede conducir a una solución autoritaria. Hay que formar un equipo de gobierno de calidad, las personas más preparadas e independientes. Hay que disminuir la burocracia y la corrupción. Hay que reformar la administración pública para mejorar la rendición de cuentas. El poder legislativo debe acrecentar su autonomía ante el poder ejecutivo. Desde el parlamento se debe dirigir un gran debate nacional y mejorar esta institución: sus funciones de supervisión y control. Urge un poder judicial independiente y eficiente que actúe contra la ineficacia, la corrupción, el despilfarro. Hay que superar el paternalismo. Las políticas trazadas por las élites agravaron el populismo y el paternalismo.
Se ha invertido mucho en educación y tecnología pero el resultado no ha sido el mejor. Se sometió a la sociedad a muchos cambios de manera simultánea: en tiempos de crisis también hay que pensar en conservar. El hipercriticismo debilitó la gobernabilidad.
Hay también una falta de propuestas. Se critica lo existente pero no hay oferta de calidad entre los actores políticos. Hay que construir un nuevo consenso surgido del debate de ideas.
La crisis también es económica: agotamiento del modelo de industrialización por sustitución de importaciones y del rentismo petrolero. En Venezuela hay que contar con el fracaso del desarrollo de las industrias básicas (Guayana) como opción a la explotación petrolera. El presupuesto nacional se disipa en gasto corriente, se dispara el endeudamiento externo, se hacen esfuerzos para atraer inversiones extranjeras para la explotación de los recursos naturales, etc. Y todo esto en el marco de contradicciones de las élites sobre el modelo a seguir. Hay que avanzar hacia una economía eficiente. No se manejaron suficientemente las variables políticas y socio-culturales. Se agrava la situación económica y social. Se deteriora la educación en todos los niveles: descendemos en muchos aspectos. A pesar de los esfuerzos de diversificación económica seguimos dependiendo de la renta derivada de la explotación petrolera. La democracia venezolana es una petrodemocracia.
Durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez se generalizó el estatismo, la corrupción y el endeudamiento externo. Se sobreestimaron las capacidades del país. Se tuvo una estrategia de corto plazo. Se pretendió industrializar a Venezuela de la noche a la mañana. Y esa enorme masa de recursos financieros intoxicaron a la sociedad y la condujo a una crisis.
Las administraciones de Luis Herrera Campins y Jaime Lusinchi, respectivamente, en momentos de caída de los precios petroleros, en lugar de tomar medidas de austeridad aumentaron el gasto público por razones políticas y electorales. Nos faltaron estadistas que midiera el tiempo en décadas. Por otro lado, en períodos de auge de la cotización de los hidrocarburos se retrasaba la aplicación de medidas estructurales. Se dispararon altas importaciones, crecimiento de la deuda externa, caída de las reservas internacionales, crecimiento descontrolado del gasto público. Se negaron a realizar reformas tributarias que permitieran al Estado otras fuentes de ingreso distintas a la renta petrolera.
El segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez se inicia con falsas ilusiones que éste trasmitió en su campaña electoral. Con la asunción a la presidencia a costa de enormes erogaciones del Estado. CAP se somete al FMI por la grave situación del país (que le dejó Jaime Lusinchi) sin tener él ni su equipo cabal convicción de su necesidad, según Romero. (Esto es discutible.) El país no estaba preparado para esta política de cambios económicos. La política de devaluación del bolívar culminó con la distribución amplia de la renta petrolera. De allí en adelante solo disfrutarían del bienestar los grupos de altos ingresos. Se acabó el tiempo de la baja productividad y nivel de vida alto. Las medidas se tomaron a corto plazo debido a que el Estado no estaba preparado para llevarlas a cabo de manera gradual. La poca participación del empresariado influyó en su fracaso. Estaban acostumbrados a los subsidios y a la protección estatal. No se preparó a la población para las políticas de cambio. Tenemos serias limitaciones en el desarrollo tecnológico y en capital humano.
Otro elemento del fracaso del programa fue el enorme gasto del Estado en burocracia y subsidios. Se subestimó el peligro de que se disparara la inflación.
Contra las medidas emitidas por el gobierno, llamadas “paquetazo”, se desató un alzamiento popular: el “Caracazo” del 27 de febrero de 1989. Todo comenzó con la subida de precios del transporte público. Pero hay causas de más largo plazo: las desigualdades que se incubaron en el sistema. Mientras la mayoría vivía en la miseria, una minoría política y social se beneficiaba de los recursos del petróleo. Con este estallido social la democracia perdió legitimidad. Existían expectativas populares (alentadas por la demagogia del liderazgo democrático); la caída de los precios del petróleo y la generalizada corrupción podían conducir a la democracia a su perdición. El 20% de abstención en las elecciones de 1988, el 40% de abstención en las del 89 eran clarinadas de advertencia de pérdida de apoyo a la democracia. Mucha gente tenía disposición de emigrar. El populismo alienta expectativas que no se cumplen, lo que abre camino a posiciones más radicales, revolucionarias, socialistas.
El segundo gobierno de Rafael Caldera se caracterizó por no llegar al poder con un programa coherente. Caldera fue populista, estatista y partidario del control de precios. El fracaso de la democracia populista puede conducir a una salida autoritaria. A mediados de su segundo período, Caldera se vio obligado a tomar medidas similares a las del segundo gobierno de Pérez. Y el país se siguió deteriorando.
Las limitaciones socioculturales también incidieron en el fracaso de intentar un cambio estructural. La población, según Romero (apoyado en estudios de opinión), no tiene sentido del trabajo, espera todo del Estado. Paternalismo, baja confianza en las instituciones, estatismo, cultura mágico-religiosa e igualitaria que da importancia a la solidaridad y se la resta a la competitividad. Predominio de lo emocional sobre lo racional. Bajos niveles de información y superficialidad en los niveles cognitivos. Sobreestimación de la condición real del país (nos consideramos potencia histórica, económica y hasta militar).
El estilo populista y mesiánico de nuestro liderazgo ha conducido a los siguientes mitos:
-91% de la gente piensa que somos ricos y que esa abundancia puede satisfacer a todos.
-82% siente que el Estado debe distribuir la riqueza de manera igualitaria y que todos somos sus dueños.
-72% cree que el Estado debe dirigir el proceso económico.
-27% de la población que ha recibido todo tipo de subsidios cree que ha recibido algo de esa riqueza.
-42% piensa que la pobreza es inevitable.
-El Estado no reparte con justicia la riqueza porque la élite política es incompetente (la malgasta) y corrupta (se la roba). Estas creencias la refuerza la demagogia electoral y el clientelismo.
La idea de la autosuperación por el estudio y el trabajo es cada vez más débil entre nosotros (1994).
El venezolano desconoce la situación real del país en el pasado y en el presente.
La crisis económica, política y social del país volcó la población hacia el mesianismo y la violencia.
El pueblo de Venezuela es ignorante en lo que a su historia se refiere. La enseñanza de esta disciplina se ha concentrado en la época de la Independencia, los héroes y, en especial, en Simón Bolívar. Un Bolívar que desde una prevaleciente cultura de izquierda realiza propuestas radicales. Los golpistas de febrero de 1992 utilizaron a Bolívar completamente fuera de sus circunstancias: consideraron -invocando a Bolívar- que la democracia representativa y el segundo gobierno de CAP eran una tiranía. En este contexto y en el del deterioro del país se entiende el apoyo del pueblo al frustrado golpe de febrero de 1992. Romero critica el discurso de Caldera que de manera oportunista respalda o justifica aquel intento de golpe con la vista puesta en las próximas elecciones presidenciales. Romero combate las élites intelectuales (Uslar Pietri, Juan Liscano) quienes se entregaron a la exaltación mesiánica de los golpistas.
Romero continúa escribiendo sobre estos asuntos y por ello tuvo que marcharse de Venezuela. Desde Londres reflexiona que, en cierta forma, el país labró su propio fracaso
https://prodavinci.com/anibal-romero-y-la-democracia-representativa-venezolana-1958-1998/
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