En aras de una real redemocratización, a fin de conjurar el riesgo de la mera subsistencia del statu quo y el atasco en la norma “de papel”, parece importante entender y transitar el camino inverso
Junto con la “transición”, e indisolublemente ligada a ella, quizás una de las nociones más trajinadas en estos últimos meses en Venezuela sea la “reinstitucionalización”. Examinada más como aspiración que como realidad en marcha, el debate en torno a ella exige la diferenciación entre dos dinámicas: los intentos de estabilización e ingeniería institucional impulsados desde el poder, y un verdadero proceso de redemocratización y autonomía de los poderes públicos que reoriente esos giros hacia nuevos códigos de relacionamiento sociedad-Estado. La inquietud al respecto no es menor. En atención a los aportes de expertos como North, Sen, Acemoglu y Robinson, cabe esperar que una vez impulsada una transición, la democracia sobrevivirá si se construyen instituciones sólidas que impidan que las nuevas élites caigan en la tentación de utilizar el poder de forma extractiva, no inclusiva.
Desde el rigor de la transitología, más que de reinstitucionalización democrática en Venezuela tocaría hablar de procesos de reacomodo y adaptaciones puntuales a las exigencias estratégicas del nuevo socio, el gobierno de EE.UU., especialmente en lo tocante al área económica. Cinco meses de “nuevo momento político” vs. una dinámica autoritaria entronizada por décadas, eso sí, lleva a considerar que los pequeños avances se materializan a pesar de las muy severas desventajas, menguas y trastornos. Las dinámicas que durante años se presentaron bajo la saya de un "retorno a las reglas" y que acabaron en mero ajuste cosmético o adaptativo, en estabilización del sistema sin alterar la distribución del poder, no dejan, además, saldo favorable en materia de confianza social: una carencia que dispara costos de transacción, haciendo que cualquier proceso de negociación o diseño de políticas sea propenso a colapsar al menor contratiempo.
Fukuyama sostiene que la estabilidad institucional requiere equilibrar tres componentes. Un Estado fuerte y capaz (esto es, una administración pública moderna, meritocrática y eficaz que posea el monopolio legítimo de la fuerza y capacidad para proveer bienes públicos); imperio de la ley (rule of law, leyes se aplican a todos los ciudadanos por igual, incluyendo a gobernantes y élites y limitando su poder) y responsabilidad democrática (accountability, mecanismos de control que obligan al Estado a responder ante los ciudadanos). La ingeniería institucional autocrática a menudo busca fortalecer el primer pilar, la capacidad técnica o coercitiva del Estado para recaudar o regular, mientras debilita activamente los otros dos. Al suprimir la rendición de cuentas y la subordinación a la ley de quien detenta el poder, el sistema venezolano ha permanecido atrapado hasta ahora en los modos del neo-patrimonialismo, con poderes públicos operando como feudos privados en lugar de instituciones impersonales al servicio del ciudadano.
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