La recuperación y establecimiento de una economía que sea funcional no sólo acompaña la aspiración a conquistar una legitimidad de facto: en la mayoría de las transiciones exitosas eso es, prácticamente, lo que la habilita,
MIBELIS ACEVEDO DONÍS 26/09/2026
Deber ser o ser. He allí el dilema que ha escoltado una y otra vez las decisiones de actores políticos y sociedades sometidos a interregnos, vacíos de autoridad y crisis orgánicas. Hay que decir que toda transición política arrastra una tensión que la literatura clásica rara vez resuelve con elegancia y sin “ascos” morales: el poder que emerge de una ruptura -negociada, impuesta o sobrevenida- casi nunca nace con el título de propiedad completo. Carece de lo que Weber llamaría el fundamento legal-racional o carismático de la obediencia: un mandato claro, verificable, aceptado por todos los actores relevantes. Siguiendo una distinción más operativa que la weberiana, a esa carencia solemos designarla como legitimidad de origen, la obtenida por vías procedimentales: una elección limpia, una sucesión constitucional indiscutida, un pacto reconocido por todas las partes.
Junto a ella aflora una segunda fuente de autoridad, menos vistosa y más acumulativa, que, pensando en la Unión Europea, Fritz Scharpf bautizó como legitimidad output: la que se gana gracias al “buen gobierno”, resolviendo problemas concretos, exhibiendo resultados verificables, garantizando rendición de cuentas; una que se despliega junto a la capacidad de adaptabilidad a los cambios. En ese sentido, la realidad no admite canjes sin beneficios. Un poder con origen dudoso puede entonces, con el tiempo, “comprar” aceptación mediante desempeño. Y un poder con origen incuestionable puede erosionarse hasta la irrelevancia si no entrega nada que lo reivindique.
Un marco pragmático nos invita a analizar el problema de marras no tanto desde un punto de vista normativo, lo que "debería ser" y ocurrir en una transición; sino, más bien, descriptivo y prescriptivo de lo que “es”. Dado que origen y desempeño rara vez coinciden en el arranque de una transición a la democracia, ¿cómo administrar ese desfase para que el segundo termine construyendo lo que vendrá, en lugar de sustituir al primero? De cara al opositor o el reformista atrapados en una vorágine que no siempre controlan, ¿cómo gestionar el conflicto inevitable entre quienes reclaman el origen y quienes exhiben y controlan el desempeño, sin que la política se convierta en forzosa guerra por otros medios?
Recordemos que la transitología clásica -volvemos a la obra ya harto citada de O'Donnell y Schmitter- describe las transiciones como procesos de incertidumbre deliberadamente organizada: los actores aceptan reglas cuyos efectos no regulan, porque prefieren esa incertidumbre acotada a la certeza de un conflicto sin reglas. La fórmula de transformación desde arriba y reemplazo desde abajo o "transplacement" negociado, determina a su vez cuánta legitimidad de origen sobrevive al tránsito (si sobrevive), y cuánta queda por construirse después, sobre la marcha. Linz y Stepan suman acá la pieza que más pesa de cara al conflicto: una democracia se consolida cuando se vuelve "the only game in town”, el único juego posible. Esto es, cuando ningún actor relevante, ni siquiera el que pierde, contempla seriamente salirse del tablero. Un juego que se autoimpone con el tiempo, según anticipa Przeworski, quien afirma que la democracia se sostiene no porque nadie pueda perder, sino porque a todos les conviene más aceptar la derrota de hoy que arriesgarse a un sistema sin reglas ni garantías en el que mañana puedan perder todo.
Ninguno de estos autores, sin embargo, trabajó explícitamente el par conceptual origen/desempeño, pero la lógica combinada permite una tesis: la legitimidad de desempeño no es un sustituto cosmético de la de origen. Podría ser, bien administrada, el insumo con el que se costea la reforma institucional que a la larga repararía ese origen disputado. El desempeño, pues, compra tiempo. La pregunta del millón -y la que cruza transversalmente los cansones ciclos en el caso venezolano- es en qué se invierte ese tiempo y cómo puede ser aprovechado para la construcción de una “República perdurable”, según propone Marco Rubio.
El error más común por parte de un poder cuya legitimidad de origen está severamente cuestionada es malgastar esa oportunidad de desempeño en perpetuarse a sí mismo, en lugar de construir instituciones que sobrevivan a su propio mandato. Aparte de casos paradigmáticos como los de España (1975-82), Polonia (1989-91) o Ghana (1992-93), vale citar otros menos trajinados para ilustrar como pudo domeñarse esa nociva tentación. En la Indonesia de 1998, por ejemplo, B.J. Habibie llegó a la presidencia sin haber sido electo para el cargo, como vicepresidente de un dictador de 32 años derrocado por protestas estudiantiles. El déficit de origen no podía ser mayor. Gobernó apenas diecisiete meses, y su propio partido lo consideraba un títere transicional. En ese lapso levantó las restricciones a la prensa, liberó presos políticos, redujo la representación militar reservada en el parlamento, fijó límites a la reelección presidencial y, en un giro que sorprendió a su propio gabinete, convocó el referendo de autodeterminación de Timor Oriental bajo supervisión de ONU. Habibie nombró un comité para redactar leyes menos restrictivas, permitió la prensa libre, organizó elecciones competitivas y aceptó límites a la reelección presidencial. No pudo sostenerse en el poder (se retiró de la contienda de 1999 ante el desgaste de su gestión) pero dejó una armazón institucional que sus sucesores no pudieron desmontar. Su desempeño no lo salvó a él; salvó a la reforma.
En Benín (1990), por otro lado, y ante la asfixia económica, el general Mathieu Kérékou, marxista-leninista con dieciocho años en el poder, acordó convocar una Conferencia Nacional de "fuerzas vivas" que él mismo no controlaba. La Conferencia se autoproclamó soberana y le retiró de facto el gobierno en favor de un primer ministro opositor, Nicéphore Soglo. Kérékou aceptó permanecer en funciones durante ese curso, pero tras derogarse la Constitución de 1977, se instaló un gobierno de transición dirigido por Soglo. Aunque pidió no ser obligado a dimitir, Kérékou pidió perdón al pueblo y anunció que las decisiones de la Conferencia se aplicarían al pie de la letra. Perdió las elecciones de 1991 y entregó el poder sin resistencia, disculpándose públicamente por los abusos de su gobierno. Lo significativo es lo que vino después: en 1996 volvió a presentarse, ganó limpiamente y gobernó dos períodos respetando el límite constitucional que él mismo había ayudado a fundar. Benín inauguró así el modelo de "conferencia nacional soberana" que luego se replicó en buena parte del África francófona: fórmula para convertir una crisis de origen en un proceso constituyente que ni siquiera el actor saliente pudo capturar para sí.
Una controversia condiciona estos procesos: ¿cómo administrar el conflicto sin sofocar la política; como evitar que este derive en enemistad absoluta? Pensando en el antagonismo schmittiano y en el antídoto conceptual de Mouffe, el agonismo, cabe observar que ese tránsito hacia la rivalidad tolerable rara vez ocurre por alguna suerte de conversión milagrosa. Ocurre porque actores con incidencia resuelven, en algún punto, moderar deliberadamente la intensidad del conflicto, aun teniendo argumentos y “razón moral” -incluso votos- para no hacerlo. Otro caso, el de Bolivia en 1985 (una legitimidad de desempeño atada a la estabilización dolorosa pero efectiva que impulsó Paz Estenssoro, quien llega al poder con respaldo de Hugo Banzer, dueño de la primera mayoría relativa) nos habla de un cálculo interesado, no un acto de altruismo, lo cual es precisamente lo que lo hace replicable. El agonismo funciona si se ata a la calibración racional, no cuando depende exclusivamente de la deseable pero frágil virtud. Una gestión realista del conflicto, más que la búsqueda de una fórmula sin costo alguno, implica entonces la elección consciente de aquellas pérdidas que se está dispuesto a absorber para no clausurar la política.
En el caso venezolano -problematizado, además, por la tutela estadounidense- toca prever consideraciones y amenazas singulares, eso sí. La recuperación y establecimiento de una economía que sea funcional no sólo acompaña la aspiración a conquistar una legitimidad de facto: en la mayoría de las transiciones exitosas eso es, prácticamente, lo que la habilita. Pero hay un riesgo que Terry Karl desmenuza en The Paradox of Plenty (1997). Cuando esa recuperación depende de una renta extractiva capturada desde arriba, suele financiar lealtades, no instituciones; compra paz social a corto plazo, aunque sin construir capacidad estatal. Un desempeño "barato", una legitimidad rápida de agenciar pero que no deja infraestructura institucional presta a contener asimetrías si el precio de los commodities cae o el control de la renta cambia de manos, incorpora un matiz que debe alertarnos especialmente. ¿Logrará el gobierno encargado, contra todo sombrío pronóstico, superar esa sentencia previa y poner foco en las reformas de fondo, en subsanar los daños, en garantizar la estabilidad democrática? ¿Desafiará con hechos la presión de esas voces que lo arrastran a la regresión permanente? That is the question.
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