Lo deseable entonces es construir algo más duradero que la indignación y su viralidad, de combinar la exigencia de rendición de cuentas con planes propios, mesas técnicas, alianzas con expertos en gestión de riesgo y canales de ayuda paralela
Distinta a la reactividad de la comunicación de crisis, la comunicación de riesgo es proactiva, remite a una política pública planificada, sostenida en el tiempo. De allí que un Estado que improvisa sus mensajes en el momento del desastre ya llega con retraso a su propia responsabilidad comunicacional. En tal sentido, cabría admitir que la crisis post-sísmica venezolana y el manejo de amenazas a la estabilidad en el corto plazo exige simultáneamente más abordaje político -entendido como diseño deliberado de decisiones públicas eficaces y su adecuada difusión- y menos politización en el sentido degradado del término, la instrumentalización del sufrimiento con fines de reafirmación identitaria o de mera búsqueda y acumulación de poder. No hablamos de cosas contradictorias, por cierto. Pueden verse, de hecho, como dos caras de una misma exigencia ética.
El asunto camina más allá, por tanto, de la monda demanda de despolitización. Ante la comprensible aspiración de sacar a la política de la ecuación, de pausar las diferencias ante el dolor colectivo, no puede olvidarse al mismo tiempo que la reconstrucción es, por definición, un ejercicio de política pública. Decidir dónde se reubicarán los desplazados, qué normas de construcción sismorresistente se exigirán, cómo se distribuirán los fondos internacionales de ayuda, qué criterios de escalabilidad o desescalabilidad se aplicarán o qué infraestructura se priorizará -hospitales o vialidad, agua o electricidad- son decisiones intrínsecamente políticas. No es este un trámite que pueda sustraerse del terreno de la deliberación pública y la asignación de responsabilidades, problema puesto en evidencia por casos tan dispares como el terremoto de Ciudad de México (1985), el de Kobe, Japón, (1995) o el de Lorca, España (2011).
Acá quizás resulte útil la discriminación que propone Mouffe entre lo político (la dimensión de antagonismo inherente a toda vida en común; el núcleo del conflicto humano, según Schmitt) y la política, la serie de prácticas e instituciones mediante las cuales se intenta ordenar esa enemistad. Un desastre no deroga lo político, no hay comunidad humana sin intereses en pugna sobre recursos escasos. Pero sí exige que la política funcione con una solvencia que en tiempos normales podría incluso permitirse cierta morosidad. Al reflexionar sobre la "sociedad del riesgo", por cierto, Ulrich Beck señalaba que, más que hechos naturales puros, los riesgos y catástrofes contemporáneas son construcciones sociales y políticas, en la medida en que su gestión o desatención revelan y redistribuyen poder. La administración y comunicación de los efectos del terremoto requiere calibrar esas consideraciones, las que remiten a la necesidad de que las decisiones oficiales sean debidamente escrutadas por la sociedad.
Pero hay que subrayar la distinción. Una cosa es el debate legítimo sobre políticas públicas de reconstrucción, eso que necesariamente involucra visiones distintas sobre el papel del Estado, la cooperación internacional, la descentralización o el modelo de desarrollo territorial. Otra, el uso del sufrimiento de las víctimas como munición discursiva para reafirmar identidades tribales preexistentes o para el ejercicio de un poder que no busca resolver sino perpetuarse. Timothy Coombs, teórico de la comunicación de crisis, insiste en que la primera obligación de una organización ante una catástrofe es la protección de las personas afectadas, no de la propia imagen institucional. Cuando esa jerarquía se invierte, cuando la comunicación política se diseña para gestionar percepciones y, sólo después, para informar y proteger, se corre el riesgo de que el desastre se convierta en un episodio más de la guerra simbólica permanente. Recordemos que ese acercamiento que todo comunicador con responsabilidad pública asume para comprender al otro, también puede ser usado como pretexto para reafirmarse a sí mismo: he allí una trampa que abarca tanto intencionalidad como método. La ruptura de puentes por intransigencia o la sustitución de la rendición de cuentas por la retórica del enemigo externo o interno, por ejemplo, son algunos síntomas de esa patología.
Hay otra forma de la degradación, pues, que tiene lugar cuando esa comunicación, en lugar de un proyecto sustantivo, persigue la conservación del poder como fin en sí mismo. En este caso, el desastre suele comunicarse exclusivamente en función de sus efectos sobre la gobernabilidad inmediata, como otra plataforma para la propaganda: qué tanto erosiona o fortalece el control territorial o social, qué actores pueden capitalizar los apoyos, qué silencios son manejables y cuáles no, cómo las víctimas pueden volverse escenografía de un relato que las excede e instrumentaliza. Ante peligros que pueden verse agudizados por nuestra disfuncionalidad de base, habrá que recordar que la ética de la comunicación pública se funda en el reconocimiento de que, junto a cada cifra, hay personas de carne y hueso, con nombres y pérdidas reales, almas y vínculos dislocados, sobrevivientes y recipientes de traumas cuyo abordaje implicará un trato sensible, continuo, diferenciado, de largo plazo.
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