La oposición, que aguarda el respaldo de los Estados Unidos para avanzar en un calendario electoral, ve con reservas las reformas institucionales que adelanta el chavismo
Un hombre camina frente a un supermercado en Caracas, el 7 de enero.Leonardo Fernandez Viloria (REUTERS
Alonso Moleiro
Caracas - 11 MAY 2026
La reinstitucionalización de Venezuela, de la que tanto se habla en las últimas semanas, todavía está por verse. Aumentan los temores sobre un cambio gatopardiano, en el que todo cambia para que nada lo haga. El compromiso oficial para unas elecciones presidenciales sigue siendo difuso. El país sigue a la espera de mejoras económicas. La apertura política adelantada no parece, de momento, suficiente. Los políticos de la oposición no confían en las intenciones de la presidenta Delcy Rodríguez. En algunos sectores del chavismo persiste la renuencia. Aparecen nuevos escándalos: más presos políticos muertos bajo custodia oficial en un contexto de opacidad que ha generalizado el estupor.
Venezuela lleva semanas atrapada en una discusión que lo condiciona todo: qué tiene que cambiar antes de que pueda haber elecciones. Desde que fuerzas especiales estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, el país vive lo que algunos llaman una apertura y otros, con más cautela, un simple reacomodo del régimen. Todavía no se ha visto un desmontaje del aparato represivo ni una reinstitucionalización de órganos clave como el Consejo Nacional Electoral.
Mientras tanto, la presión crece desde todos los flancos. La oposición exige una “reinstitucionalización integral” que incluya la renovación del CNE, la restitución plena de los derechos políticos y el fin de la persecución. Las organizaciones de la sociedad civil van en la misma dirección: reconstruir la capacidad del Estado para organizar y arbitrar la competencia política se ha convertido en una tarea considerada indispensable para cualquier transición. El régimen, por su parte, no ha fijado fechas ni cronogramas. Y en medio de ese vacío, se repite la pregunta de si los cambios que se están produciendo son el principio de algo o simplemente una táctica para mantenerse en el poder.
Con los Estados Unidos instalados en Caracas, ha comenzado en Venezuela un proceso de reformas políticas que han mantenido a muchas personas alentadas sobre un retorno a la democracia. Se han relajado los controles en los medios de comunicación y la policía se ha retirado de las calles. También se han cambiado a figuras clave para la sociedad civil, como el fiscal y la defensora del pueblo —los nuevos no son precisamente opositores, pero sustituyen a figuras muy reconocibles de la era represiva de Maduro—. Desde enero se prepara una reforma del Tribunal Supremo, cooptado por los fieles a la pareja presidencial, y se han hecho modificaciones en la composición del Banco Central de Venezuela.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se ha apoyado en la mayoría parlamentaria de su partido para ajustar la revolución a las nuevas realidades y procurar diluir la huella del madurismo. Su estilo personal es menos invasivo. En todos estos espacios se ha privilegiado el ingreso de profesionales con credenciales técnicas, preferiblemente dentro del paraguas revolucionario. Desde los Estados Unidos, se prometen inversiones y se emiten licencias temporales para explotar petróleo. No se disimula el interés en los recursos naturales del país.
El secretario de Estado, Marco Rubio, ha prescrito desde Washington tres fases para Venezuela en 2026: la estabilización, la recuperación y la transición. El personal diplomático destacado en Caracas ha sugerido que el país acaso podría estar terminando la primera etapa. Pero nada más. No existen cronogramas y no se habla de fechas en voz alta. Tampoco Estados Unidos.
De acuerdo con los expertos, los caminos para unas elecciones libres pasan irremediablemente por una reforma del Consejo Nacional Electoral —y de la ley que rige su funcionamiento—, una instancia que en Venezuela tiene el rango de poder público autónomo y el único de ellos que no ha sido tocado por el régimen en este proceso de apertura. Esta es una zona del Estado en la cual Jorge Rodríguez, presidente del parlamento y hermano de la presidenta encargada, tiene un enorme poder desde hace años. El actual director del CNE, Elvis Amoroso, también es muy cercano a Cilia Flores en lo personal y lo político.
“Para mí, lo que tendría que ocurrir es un acuerdo político en el cual este parlamento designe un CNE provisorio, con cinco rectores electos con los requisitos constitucionales”, afirma Delsa Solórzano, abogada, fundadora de Encuentro Ciudadano y dirigente de la Plataforma Unitaria, que apoya a María Corina Machado. “Ese CNE debe organizar los procesos electorales pendientes.” Para Solórzano, sin eso, sería imposible avanzar. “Los partidos políticos no tenemos tarjeta electoral; todas nos fueron arrebatadas. Varios partidos de la Plataforma Unitaria están intervenidos judicialmente. Casi la mitad de los políticos de la oposición estamos inhabilitados. Es necesario depurar el Registro Electoral, ofrecer seguridad a los miembros de mesa —reprimidos con dureza por el régimen en las pasadas presidenciales— y crear disposiciones para incorporar a los ciudadanos de la diáspora”, enumera.
La Plataforma Unitaria, coalición que agrupa a los partidos más grandes de la oposición, ha presentado su hoja de ruta para la restauración del hilo constitucional en el país. Además del regreso de los derechos políticos de la oposición y la renovación institucional, la Plataforma juzga necesaria una observación internacional creíble que contemple garantías para todos los sectores y haga posible una transición pactada con un cronograma progresivo.
“La falta presidencial es hoy una verdad innegable”, afirma Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, al analizar el cuadro actual. “Con una falta presidencial, es imperativo llamar a elecciones ya”. Para Apitz, “el régimen ensaya cambios cosméticos para ganar tiempo. La verdad es que, mientras el aparato represivo siga intacto, aquí todo seguirá igual. El cuerpo de ideas del chavismo está intacto”.
La fecha de unas elecciones presidenciales o generales en Venezuela sigue siendo un misterio. Delcy Rodríguez dice que “algún día”. Diosdado Cabello ha afirmado que se harán “cuando tengan que hacerse”. Políticos de partidos minoritarios que colaboran con el chavismo, como Bernabé Gutiérrez, han afirmado que deben celebrarse en 2030. Los sectores opositores tolerados en el parlamento hacen cálculos pensando en 2028. Para la Plataforma Unitaria, en ningún caso deben ser más allá de 2027. Vente Venezuela, el partido de María Corina Machado, trabaja activamente en la conformación de sus equipos políticos, con la mente puesta en unas elecciones en el corto plazo.
Por otro lado, la institucionalidad de la revolución bolivariana prefiere decantarse por la celebración de elecciones escalonadas, en las cuales unas presidenciales se organicen separadas de las parlamentarias, y estas de las de gobernadores o alcaldes, todo con el objeto de mantener cuotas de poder territorial con peso propio. Un nuevo presidente en Venezuela se encontraría hoy con 23 de los 24 gobernadores electos y un parlamento controlado por el PSUV, el partido de gobierno. Para Apitz, más que jurídico, el desenlace institucional en Venezuela tiene un componente político: “Estamos en una dictadura tutelada por los Estados Unidos. Todo acá será impuesto y hay que forzar situaciones. Pienso que una elección presidencial en la cual la oposición arrase con el resultado, que es lo que debe ocurrir, puede producir un efecto muy fuerte en todo el tablero político que debilite definitivamente al régimen”.
“Ni los hermanos Rodríguez ni los americanos quieren elecciones pronto, eso es evidente”, sostiene Juan Rafalli, abogado constitucionalista y profesor de posgrado en la Universidad Católica Andrés Bello. “Lo que pienso es que la prolongación de la situación actual es insostenible, sobre todo para Estados Unidos, porque tiene costos. No se puede pensar en una recuperación económica cabal en el país sin un cambio político. Las modificaciones de la Ley del TSJ van a tratar de dar la impresión de amplitud al aumentar el número de magistrados. Son cuotas para la oposición donde el régimen mantiene la mayoría”.
“El proceso de renovación institucional que adelanta el régimen está a espaldas de la gente, yo lamento eso”, afirma Enrique Márquez, dirigente de la oposición moderada y expreso político. Márquez defiende el desarrollo de un proceso gradual, fraguado en las entrañas del régimen, en el cual puedan abrirse compuertas a partir de la presión, la persuasión y el compromiso. “Me considero un partidario del plan que propuso Marco Rubio. Un diseño que tiene un proceso dentro de sí y con el que es necesario bregar con paciencia y trabajo”.
“Las elecciones este año son inviables, por razones técnicas y políticas”, sostiene Vicente Díaz, sociólogo y exrector del Consejo Nacional Electoral, para quien será necesario adelantar cambios urgentes en la Ley del Poder Electoral para poder convocarlas. “Si el CNE no cambia, no se puede pensar en nada todavía”. Díaz valora positivamente lo que ha sucedido en estas semanas y prefiere esperar. “Se han producido cambios políticos que hace cuatro meses eran impensables. Hay avances, aunque no todo se ha logrado. Los cambios institucionales, como el del Defensor del Pueblo, han tenido su importancia”, defiende.
La gran mayoría de la población quiere cambios y María Corina Machado, la líder con más arrastre en las corrientes del antichavismo, es la única que se manifiesta de manera expresa sobre la necesidad de darle celeridad a un cronograma electoral. Pero ni siquiera se sabe cuándo podrá volver al país.
Machado también es partidaria de promover y aprobar una nueva Constitución para dejar definitivamente atrás la influencia del chavismo. Este planteamiento es visto con reservas por los expertos. Apitz piensa que “si hay algo que ha unido a las fuerzas democráticas en estos años es la defensa del marco constitucional actual.” El constitucionalista Rafalli cree que sería “un error” reformarla. “Esta Constitución es lo suficientemente democrática para poder trabajar sobre ella. Hay que hacerle reformas; en eso puede haber acuerdos: bajarle el sesgo presidencialista, regresar el Senado, aprobar la doble vuelta electoral... Pero hay que tener cuidado con no cometer el error de Chávez y no constitucionalizar a los demás su visión del mundo”
