España necesitará 24 millones de trabajadores migrantes hasta 2053 para sostener las pensiones

 El Banco de España avisa en su último informe, en el que analiza la sostenibilidad del sistema de pensiones, de que que subir un punto las cotizaciones destruiría 50.000 empleos

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en una imagen del pasado mes de marzo. — Mateo Lanzuela / EUROPA PRESS

El Banco de España ha publicado este martes los capítulos de su informe anual de 2023 en los que analiza la resiliencia de la economía española y los retos económicos aún pendientes, entre ellos, la sostenibilidad de un sistema de pensiones que supone "una de las partidas de gasto estructural más relevantes" y muestra una clara tendencia al alza que se prolongará en las próximas décadas.

Ángel Gavilán, el director general de Economía y Estadística del Banco de España, ha asegurado este martes que en los próximos 30 años harán falta 24 millones de trabajadores migrantes para mantener la relación entre trabajadores y pensionistas y sostener así el sistema de pensiones.

El diagnóstico de la institución es un tanto alarmista respecto al futuro las pensiones. En su informe anual, la entidad calcula que subir un punto porcentual el tipo efectivo medio de las cotizaciones sociales para financiar el sistema de pensiones generaría una caída del 0,25% en el número de ocupados al cabo de cuatro años, lo que equivale a más de 50.000 puestos de trabajo.

La entidad ha advertido de los perjuicios que supondría la aplicación en 2025 de la clausula de salvaguarda del sistema de pensiones que, en última instancia y en ausencia de otras medidas, garantiza su sostenibilidad con una subida automática de las cotizaciones.

El gasto en pensiones en 2023 alcanzó el 13,1% del PIB y se espera "un incremento sustancial" teniendo en cuenta la evolución demográfica de España, con un notable aumento del peso poblacional de las personas de mayor edad.

El informe recuerda que en 2025 está prevista la evaluación de la cláusula de salvaguarda introducida en la reforma del sistema de pensiones, que estipula que si la proyección del gasto medio neto en pensiones en el período 2022-2050 se desvía del 13,3% del PIB, el Gobierno deberá identificar un conjunto de medidas para corregirlo.

A falta de acuerdo sobre las medidas a aplicar, el mecanismo contempla una subida automática de las cotizaciones sobre la que el Banco de España lanza su advertencia: "hacer descansar la financiación del sistema de pensiones exclusivamente en el incremento de las cotizaciones sociales podría ser perjudicial para el empleo y la competitividad de la economía española".

Ángel Gavilán, el director general de Economía y Estadística del Banco de España, ha explicado durante la presentación del informe que esas obligaciones de gasto podrían reducirse si los nuevos incentivos introducidos para demorar la jubilación logran elevar significativamente la tasa de actividad de los trabajadores de edad avanzada.

Según datos de la entidad, un retraso de un año en la edad de jubilación de todas las altas ordinarias proyectadas entre 2022 y 2050 estaría asociado a una reducción promedio de la ratio de gasto en pensiones de entre 0,3 y 0,5 puntos porcentuales de PIB en dicho período.

El peso de las jubilaciones demoradas sobre el total de altas de jubilación ha aumentado del 4,8% en 2021 al 8,1% en 2023, cuando superaron las 26.000, aunque Gavilán ha explicado que es imposible saber cuántas personas se van a acoger a esta modalidad y cuánto tiempo.

Desajustes del mercado laboral

Otro de los retos planteados por el Banco de España respecto al envejecimiento de la población tiene que ver con los desajustes que puede producir en el mercado de trabajo, un problema que se ve compensado por el fenómeno de la inmigración.

Gavilán ha detallado que los flujos migratorios supondrán una ganancia neta poblacional de casi 10 millones de personas hasta el año 2053, de los cuales el 70% está en edad de trabajar, es decir, unos siete millones. Esta cifra, sin embargo, es insuficiente: según Gavilán habría que multiplicarla por tres -hasta 24 millones de trabajadores extranjeros- para que la tasa de dependencia en España se mantuviese constante.

A pesar de esta "intensidad" en los flujos migratorios, Gavilán ha hecho hincapié en que no va a ser suficiente para atajar el problema, teniendo en cuenta el perfil de los inmigrantes (el 80% no tiene estudios universitarios) y las necesidades de las empresas, con una economía en plena transformación verde y tecnológica, un desajuste que también se aprecia en trabajadores nacidos en España.

En el informe también se hace referencia a las perspectivas de crecimiento de la economía española, que se mantienen "relativamente favorables a lo largo del horizonte 2024-2026", debido al fin del endurecimiento de la política monetaria, la moderación de la inflación y el impulso fiscal proveniente del programa Next Generation EU (NGEU).