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| Unas manos con esposas junto a un cenicero y un bote de pastillas.Freepik |
El Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas y una organización internacional de expresidentes y primeros ministros exigen un nuevo enfoque regulatorio.
El consumo sigue aumentando pese a que los gobiernos gastan 100.000 millones de dólares anuales en la guerra contra las drogas. El 42% de las penas de muerte en el mundo están relacionadas con el narcotráfico
- Una nueva vía puede estar abriéndose en el mundo respecto al control de las drogas. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha constatado que su prohibición ha sido un “absoluto fracaso” que “ha destruido innumerables vidas y dañado comunidades enteras”. Similar tesis mantiene la Comisión Global de Política de Drogas, integrada por exmandatarios de países como Brasil, Colombia, Nueva Zelanda, Grecia o Polonia. Y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga aprobó en marzo, con un inédito consenso, explorar un nuevo sistema de fiscalización internacional de las sustancias, propuesta que tan solo rechazaron los EEUU de Trump, la Rusia de Putin y la Argentina de Milei.
- El último informe de Amnistía Internacional corrobora que la prohibición de las drogas es la causante de muchas muertes en el mundo, no por las consecuencias de su consumo, sino por las ejecuciones judiciales y extrajudiciales en países donde las leyes, o la ausencia de ellas, castigan severamente su uso y tráfico. El 42% de las ejecuciones judiciales conocidas en 2024 en todo el orbe fueron por delitos relacionados con las drogas, ajusticiamientos ilícitos según el derecho internacional de derechos humanos, que restringe el uso de la pena capital a los delitos de sangre más graves.
- Amnistía Internacional registró el año pasado un incremento del 25% de las penas de muerte por delitos de drogas, lo que elevó a 637 las ejecuciones por ese motivo, ordenadas en 13 países y concentradas fundamentalmente en cuatro de ellos: China, Irán, Singapur y Arabia Saudí. El caso de Tailandia también resulta llamativo, ya que el 69% de las 364 condenas a muerte en ese país se debieron a ilícitos de drogas, con una especial incidencia entre las mujeres: el 95% de las condenadas a la pena capital habían cometido algún delito relacionado con sustancias estupefacientes.
- También aporta datos significativos para defender el fin de la prohibición la Comisión Global de Política de Drogas, una organización creada en 2011 por casi una treintena de exjefes de Estado y de gobierno y exlíderes de organizaciones internacionales para promover reformas globales basadas en la evidencia científica y los derechos humanos. Sus informes reflejan que en 2022 había 292 millones de personas consumiendo drogas en el mundo, 107 millones más que hace dos décadas, pese a que los gobiernos gastan en total unos 100.000 millones de dólares al año en políticas punitivas para impedir su uso y venta.
- Como resultado de esas políticas punitivas, en 2020 fueron detenidas en el mundo 3,1 millones de personas, sobre todo por la simple posesión de drogas, y en 2023 fueron encarceladas en torno a 2,3 millones, según los datos de Comisión Global, que añade otras cifras muy elocuentes: en EEUU han muerto más de un millón de personas por sobredosis en las últimas dos décadas y en Canadá han perdido la vida por el mismo motivo más de 40.000 en los últimos ocho años.
- Estos y otros muchos datos son los que han llevado al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a proclamar que la “guerra contra las drogas ha fracasado”. En una conferencia en Varsovia el pasado mes de diciembre, su responsable, el austriaco Volker Turk, reclamó un cambio “radical” de la política mundial sobre las drogas y adoptar un enfoque desde su regulación basada en los derechos humanos.
- “La penalización y la prohibición no han conseguido reducir el consumo de drogas ni disuadir la delincuencia relacionada con ellas. Estas políticas sencillamente no funcionan y estamos fallando a algunos de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad”, advirtió Turk. El alto comisionado considera como elemento clave de la reforma la despenalización. “Centrarse en la inclusión y la educación en lugar del encarcelamiento supone que el consumo de drogas disminuye. Optar por la reinserción en lugar de la estigmatización supone que disminuyan las infecciones relacionadas con las drogas”, añadió.
- “Uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo”
- El discurso de Volker Turk no es flor de un día. Es el resultado de un largo trabajo que su Alto Comisionado y otras agencias de Naciones Unidas llevan haciendo desde hace años. Un informe de 2019 con directrices internacionales sobre derechos humanos y políticas de drogas, en el que participaron también la OMS (salud) y UNAIDS (sida), ya advertía de que responder a los daños asociados al uso de drogas y su tráfico ilícito se configuraba como “uno de los mayores desafíos de política social de nuestro tiempo” y lo consideraba un tema “transversal” a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
- En ese informe se resalta que, desde finales de la década de los noventa, las resoluciones de la Asamblea General de la ONU han reconocido que “contrarrestar el problema mundial de las drogas” ha de llevarse a cabo “de plena conformidad con todos los derechos humanos y libertades fundamentales”. “Ninguna ley, política o práctica de drogas debe tener el efecto de socavar o violar la dignidad de ninguna persona o grupo de personas”, se precisa en el documento, antes de remachar que “los Estados pueden utilizar las flexibilidades disponibles en las convenciones de control de drogas de la ONU para despenalizar la posesión, compra o cultivo de sustancias controladas para el consumo personal”.
- Cuatro años más tarde, en 2023, el Alto Comisionado de Derechos Humanos reiteró en otro informe que las principales preocupaciones al abordar y contrarrestar el problema mundial de las drogas son “el acceso insuficiente y desigual” a los servicios de reducción del daño por consumo; la guerra contra las drogas; la militarización de su fiscalización; el “recurso excesivo” al encarcelamiento; el uso de la pena de muerte, y el impacto desproporcionado de estas políticas punitivas en los jóvenes, los afrodescendientes, los pueblos indígenas y las mujeres.
- Constanza Sánchez Avilés, directora de Ley, Políticas Públicas y Derechos Humanos de la Fundación Iceers, participa desde hace 15 años en las sesiones de las comisiones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y conoce muy bien los cambios que se han registrado últimamente, debido, a su entender, al empuje de los movimientos sociales que reclaman otro tipo de política en este campo.
- “Hasta bien entrados los 2000 no hubo una resolución en la que los derechos humanos fueran un tema central en las políticas sobre drogas. En la ONU siempre se había pensado poco desde esa perspectiva y mucho desde la del control”, dice Sánchez Avilés a Público.
- El empuje de la sociedad civil y de organismos como UNAIDS por el avance del sida a causa del uso de drogas fueron las que propiciaron, según esta experta, que en 2019 por primera vez en un documento respaldado por estos organismos se hablase de cada uno de los derechos que están en juego y de las obligaciones de los Estados para respetarlos.
- Constanza Sánchez Avilés resalta el derecho a la vida “como la punta del iceberg” en las violaciones de los derechos humanos que se cometen en el mundo en nombre del control de las drogas, de las ejecuciones extrajudiciales que se hallan muy relacionadas con la “militarización” de esa acción política que da carta blanca a Policía y ejército para controlar a una parte de la población.
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