La designación este martes de un nuevo Consejo Nacional Electoral en el que participan figuras opositoras es uno de varios hechos en las últimas semanas que parecen sugerir que algo está cambiando en la política en Venezuela
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mayo 4, 2021
GETTY IMAGES La actuación del Consejo Nacional
Electoral ha estado en el medio del conflicto político en Venezuela.
La situación política en Venezuela parece estar
despertando de un largo letargo.
La designación este martes de un nuevo Consejo
Nacional Electoral (CNE) integrado de forma más equilibrada por
representantes del oficialismo y por dos personalidades de la oposición podría
abrir las puertas para la realización, por primera vez desde 2015, de comicios
que sean reconocidos y en los que participen las distintas fuerzas políticas
que hacen vida en el país sudamericano.
Aunque se trata solamente de un primer paso, los
nombramientos de este martes se suman a otros eventos ocurridos durante las
últimas semanas que parecen apuntar hacia una reactivación de la agenda
política después de un 2020 en el que, aunque hubo unas controvertidas
elecciones parlamentarias, la situación política permaneció inmóvil.
BBC Mundo te cuenta cinco hechos que apuntan a
posibles cambios en el panorama político de Venezuela.
1. Un nuevo órgano electoral en Venezuela
El CNE ha sido una pieza fundamental en la crisis política en Venezuela desde al menos 2016, cuando fue abortado el proceso para realizar un referendo revocatorio en contra de Nicolás Maduro, tras denuncias de un presunto fraude en la recolección de firmas en cinco estados del país.
Mientras el oficialismo alegó que se había impedido
la consumación de una convocatoria fraudulenta, la oposición acusó al chavismo
de usar los tribunales para evitar la revocatoria de Maduro, quien
aparecía en clara desventaja en las encuestas.
Luego hubo los comicios para la Asamblea Nacional
Constituyente (2017), una elección presidencial (2018) y una elección de la
Asamblea Nacional (2020), procesos en los que no participó la mayoría de las
fuerzas de oposición y que no fueron reconocidos por gran parte de la comunidad
internacional.
Tras las elecciones legislativas de 2020, la Unión
Europea emitió un comunicado señalando que no reconocería los resultados,
señalando que esa votación se produjo sin un pacto nacional sobre las
condiciones electorales, sin que se respetaran los criterios
internacionales mínimos de un proceso digno de crédito y sin que hubiera una
movilización del electorado.
Aunque la directiva del nuevo CNE fue designada
este martes por esa misma Asamblea Nacional electa en 2020, los nombramientos
son fruto de un proceso de negociación con sectores de la sociedad civil y una
parte de la oposición, e incluyen a dos figuras de la oposición: Roberto Picón
y Enrique Márquez.
Picón es un experto electoral que fue asesor de la
opositora y desaparecida Mesa de Unidad Democrática y que estuvo preso durante
unos meses en 2017 acusado por el gobierno de traición a la patria, rebelión
militar y sustracción de equipo militar.
Enrique Márquez fue vicepresidente de la Asamblea
Nacional de mayoría opositora electa en 2015 y exdirigente de Un Nuevo Tiempo,
partido del que fue expulsado en 2018, tras haber apoyado los comicios
presidenciales de 2018 pese a que la mayoría de la oposición consideraba que no
había condiciones para unas elecciones libres.
Esos nombramientos dejan al oficialismo con una
mayoría de tres rectores (Tania D’Amelio, Pedro Calzadilla y Alexis Corredor),
pero podrían abrir una rendija para contar con un órgano electoral reconocido
tanto por el gobierno como por la oposición.
La tarea, sin embargo, no será fácil pues arranca
con el rechazo de los sectores de la oposición que respaldan al líder
opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por
Estados Unidos y varias decenas de países.
El gobierno interino argumenta que la Asamblea
Nacional de mayoría chavista, cuya elección no reconoce, no está facultado para
nombrar a un nuevo CNE.
Los rectores del CNE son escogidos para un periodo
de 7 años y, de acuerdo con el calendario electoral, este año tendrían la tarea
de organizar elecciones regionales y municipales.
2. La mesa de la pandemia
La pandemia del coronavirus parece haber abierto un
terreno de posible encuentro entre el gobierno de Maduro y la oposición
liderada por Guaidó.
Ante la emergencia sanitaria, el año pasado se creó
una mesa técnica con la participación de la Organización Panamericana
de la Salud (OPS) en la que, además del gobierno de Maduro, estaban
representados otros sectores del país, incluida la oposición.
Como parte de ese proceso se comenzó a gestionar un
plan para la adquisición de vacunas contra el covid-19 a través del mecanismo
internacional Covax (Fondo de Acceso Global para Vacunas covid-19), que serían
costeadas -al menos parcialmente- con los fondos de Venezuela congelados por el
gobierno de Estados Unidos y puestos a la disposición de Guaidó.
El 13 de abril, al anunciar el pago inicial para la
adquisición de un primer lote de vacunas, el presidente de la Asamblea Nacional
oficialista, Jorge Rodríguez, dejó ver que contaban con el uso de
esos recursos a disposición de Guaidó para hacer la compra.
«El presidente Maduro canceló la mitad de esos
US$119 millones que se necesitaban para el mecanismo. Si por parte de los
recursos secuestrados se aporta más dinero, bueno, será el dinero para
comprarse a través de la OPS y la OMS las vacunas que se necesiten», dijo
Rodríguez.
El gobierno chavista anunció que había pagado US$64
millones como inicial para adquirir vacunas suficientes para vacunar al 20% de
la población. Se esperaba entonces que el resto de recursos procedería
de los fondos que serían descongelados por Estados Unidos a petición
de Guaidó.
Sin embargo, pocos días más tarde, Maduro afirmó
que había pagado la parte restante de la factura.
El anuncio inesperado causó sorpresa, pero no
parece haber puesto fin a la participación de la oposición en el financiamiento
de las vacunas, pues pocos días después el gobierno interino aprobó el
uso de US$100 millones de los fondos congelados en Estados Unidos para
la adquisición de vacunas a través del Covax.
3. Arresto domiciliario para los exejecutivos de
Citgo
El viernes 30 de abril fueron excarcelados y
puestos bajo arresto domiciliario seis exejecutivos de Citgo, una
filial de Pdvsa en Estados Unidos.
Los exempleados de la petrolera venezolana -cinco
de ellos con ciudadanía estadounidense y otro con permiso de residencia
permanente en EE.U.- pagan duras condenas de hasta 13 años de prisión tras ser
condenados por corrupción, peculado y asociación para delinquir.
Ellos afirman ser inocentes y se consideran
víctimas de una operación del gobierno de Maduro para lograr influencia
en Washington.
Los exejecutivos vivían y trabajaban en Estados
Unidos cuando fueron llamados a Caracas para una «reunión de emergencia», en
noviembre de 2017, donde fueron arrestados.
En diciembre de 2019, habían sido puestos bajo
arresto domiciliario, pero fueron devueltos a prisión en enero de 2020, el
mismo día en que el entonces presidente Donald Trump recibió en la Casa Blanca
al líder opositor venezolano Juan Guaidó.
Que hayan sido puestos nuevamente bajo arresto
domiciliario es un gesto que es visto como un guiño del gobierno de Maduro a la
Casa Blanca de Joe Biden.
4. La inédita ayuda alimentaria de la ONU
La firma a mediados de abril de un acuerdo inédito
entre el Programa Mundial de Alimentos de la ONU (WFA, por sus siglas en
inglés) y el gobierno de Maduro para mitigar la crisis alimentaria que sufre
Venezuela es otra de las señales de que algo parece estarse moviendo en el país
sudamericano.
El director general del WFA, David Beasley,
viajó a Caracas donde suscribió el acuerdo que prevé alimentar a 185.000
escolares para finales de este año e ir incrementando hasta alcanzar a 1,5
millones de estudiantes para el año 2023.
En diciembre de 2020, la agencia Bloomberg informó
que las negociaciones para permitir el ingreso de la ayuda alimentaria en
Venezuela habían durado ocho meses y que desde octubre existía un
acuerdo tentativo que no lograba materializarse debido a que el
gobierno de Maduro insistía en controlar la distribución de la ayuda.
Durante su visita a Venezuela, Beasley agradeció
expresamente a Maduro «por permitirnos ser independientes y no permitir que
nadie politice nuestro trabajo».
En otro gesto inusual, la firma de este acuerdo fue
celebrado tanto por el gobierno de Maduro como por la oposición, encabezada por
Guaidó, con quien Beasley también se reunió en Caracas.
5. Imputaciones en casos emblemáticos de derechos
humanos
El 1 de mayo, Tarek William Saab,
fiscal general, dio un giro a la narrativa oficial sobre dos de los casos de
violaciones de derechos humanos más sonados de los últimos años.
En el caso de Juan Pablo Pernalete, un
joven de 20 años fallecido durante las protestas antigubernamentales en abril
de 2017, Saab señaló que había muerto tras recibir el impacto de una
bomba lacrimógena en el pecho y que 12 funcionarios de la Guardia
Nacional Bolivariana habían sido imputados por homicidio.
Esa información contradice directamente la postura
oficial ofrecida en su momento por el entonces ministro de Comunicación e
Información Ernesto Villegas, quien había calificado como «alegre y ligera» la
versión de la prensa internacional que atribuía la muerte al impacto de una
bomba lacrimógena y afirmaba, en cambio, que había una «aproximación policial
que muestra con un alto grado de veracidad» la posibilidad de que
el joven hubiera muerto por el impacto de una pistola de perno.
En los días siguientes a la muerte de Pernalete, el
funcionario se haría eco en su cuenta de Twitter de videos y materiales que
apuntaban en dirección a la posibilidad de que el joven hubiera muerto a manos
de otros manifestantes opositores.
El fiscal general Saab también modificó la posición
oficial en torno a la muerte del exconcejal Fernando Albán, fallecido
bajo custodia de las autoridades venezolanas el 8 de octubre de 2018.
Albán se encontraba detenido en el piso 10 del
edificio sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), cuando cayó al
vacío por una ventana. La versión oficial ofrecida entonces por el propio Saab
era que el opositor se había suicidado.
Sin embargo, en septiembre pasado, el informe de la
Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la
República Bolivariana de Venezuela de la ONU manifestó «fuertes reservas» sobre
la posibilidad de que Albán hubiera cometido un suicidio y dijo tener «motivos
razonables para creer que funcionarios públicos estuvieron involucrados en su
muerte».
Este sábado, el fiscal general anunció que dos
funcionarios del Sebin se encuentran detenidos y habían sido imputados por
varios cargos en el caso de Albán, incluyendo homicidio culposo.
¿Qué significa?
Pero, ¿qué lectura se puede dar a estos hechos
recientes?
«Lo que hay es un claro interés de parte del
gobierno de Maduro de ver si puede lograr alguna flexibilización en la política
de Estados Unidos. Ellos buscan algún tipo de alivio ante las sanciones y
la posibilidad de tener algún futuro político en un posible futuro
poschavista», dice a BBC Mundo Geoff Ramsey, director para
Venezuela de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, un
centro de estudios con sede en la capital estadounidense).
Señala que el gobierno del presidente Joe Biden no
concibe las sanciones como un fin en sí mismo sino como un medio para lograr el
objetivo final de tener una elecciones «libres y justas» para la presidencia y
para la Asamblea Nacional.
«Si vemos la conformación de un CNE creíble con
concesiones importantes en términos de condiciones electorales, quizá podríamos
ver una respuesta parcial de parte de Estados Unidos con algún tipo de alivio a
las sanciones, pero nunca va a haber un levantamiento total sin que
antes haya elecciones presidenciales libres y creíbles en Venezuela»,
afirma.
«El gran problema aquí es que la concesiones tienen
que ser atractivas y creíbles para Washington porque hay incentivos políticos
en Washington que favorecen la inercia», agrega.
Este lunes, un funcionario de la Casa Blanca dijo a
la agencia Reuters que Maduro estaba «enviando señales» pero que el gobierno de
Biden no aliviará las sanciones si no hay pasos concretos hacia unas elecciones
libres en Venezuela.
De acuerdo con esa agencia, el comentario parecía
responder a las especulaciones sobre la posibilidad de que la Casa Blanca
bajara la presión sobre Maduro en respuesta a gestos como el acuerdo con el
Programa Mundial de Alimentos o a la excarcelación de los exejecutivos de
Citgo.
Ramsey reconoce que el hecho de que sea justamente
el sector de la oposición vinculado a Guaidó el que se esté oponiendo
abiertamente a la designación del CNE significa una dificultad importante, pero
apunta que lo que ocurra también depende de los otros partidos de oposición y
de la comunidad internacional.
Desde su punto de vista, los otros partidos grandes
de la oposición, como el que lidera el excandidato presidencial Henrique
Capriles, tienen una estructura regional más grande que Voluntad Popular
(el partido de Guaidó y de su mentor, Leopoldo López), por lo que son
más proclives a participar en los comicios regionales de final de año.
«Ellos entienden el valor de no perder esa relevancia en el interior del país»,
apunta.
Explica que la actitud de rechazo al nuevo CNE y a
la convocatoria de elecciones regionales este año -sin que antes haya comicios
presidenciales y legislativos- dependerá también de la lectura que haga la
comunidad internacional, cuyo apoyo da legitimidad y soporte a la oposición.
«Si la oposición decide buscar una salida que no
sea un acuerdo político pactado con el apoyo internacional, va a perder mucho
momento», asegura.
Aunque, claro, antes de que la oposición se
enfrente a ese dilema, será necesario que el oficialismo venezolano esté
dispuesto a ofrecer concesiones significativas en términos de condiciones y
garantías electorales que cumplan con los estándares internacionales. Algo que
la oposición y la comunidad internacional consideran que no ha ocurrido desde
2015.
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