Javier Claure Covarrubias agosto 21, 2025
Suecia ha sido históricamente un ejemplo de bienestar social con una red de protección estatal admirada globalmente. Esta solidez ha contribuido a niveles de vida envidiables, y a una confianza ciudadana notable en sus instituciones. Sin embargo, en los últimos años, esta misma estructura ha empezado a mostrar fisuras. La presión migratoria, sumada a un aumento de desigualdad en algunos barrios urbanos, ha desafiado la capacidad del Estado sueco para mantener su promesa de equidad y de cohesión social.
Entonces, surge la pregunta ¿puede una sociedad tan avanzada seguir ignorando ciertos síntomas de fragmentación interna?
La percepción de inseguridad, el crecimiento de los partidos de extrema derecha y el aumento de la desconfianza hacia la inmigración advierten que el modelo sueco enfrenta una prueba delicada. La prensa señala que desde mediados del año 2000 comenzó un crecimiento de la violencia armada en Suecia. Además, se aceleró después de 2013. Es decir, lo que antes era un país con bajos índices de homicidios con armas; se ha transformado en un país líder de crímenes callejeros. Y este cambio muestra un patrón estructural: la criminalidad no solo ha aumentado, sino que se redefine a través de las nuevas generaciones. De acuerdo a un estudio hecho por el Consejo de Prevención del Delito (Brottsförebyggande rådet), los jóvenes varones son el grupo más implicado en la delincuencia violenta en general. Los jóvenes con dos padres extranjeros y los nacidos en el extranjero son los más sobrerrepresentados en la violencia callejera y crímenes graves. Los jóvenes con un padre extranjero también están representados, pero en menor escala que el grupo anterior. Mientras que los jóvenes suecos con padres suecos son el grupo de menor presencia en la criminalidad callejera. Los expertos indican algunas causas para el crecimiento de la criminalidad, como por ejemplo factores socioeconómicos: el desempleo, la pobreza y el bajo nivel educativo en los llamados barrios vulnerables en donde jóvenes, menores de edad, de origen inmigrante son reclutados por clanes criminales. Otros factores son: segregación, narcotráfico, racismo y discriminación institucionalizada. Algunos creen que el crimen organizado se ha propagado debido a la inmigración excesiva, y a la falta de integración en la sociedad sueca.
En Suecia existe una percepción generalizada, tanto entre la población como en los políticos, de que la política migratoria ha fracasado. Pero para entender mejor lo que pasa en este país nórdico, es importante señalar que desde 2022 Suecia está gobernada por cuatro partidos: Demócratas Suecos, Moderados, Demócratas Cristianos y Liberales. El partido Demócratas Suecos se fundó a finales de los años 80. Tony Gustavsson, historiador e investigador de la Universidad de Uppsala, haciendo alusión a los fundadores, dice: «uno pertenecía al nuevo movimiento sueco (Nysvenska rörelsen), un movimiento de ideas fascistas. Otro pertenecía al movimiento cabezas rapadas (Skinnskallerörelsen), un movimiento racista, y otros parecen haber cultivado diversos tipos de contactos nacionalsocialistas y se han movido sin obstáculos en estos entornos». Maria Robsahm, autora del libro «Demócratas Suecos y el Nazismo», advierte: «El actual partido político Demócratas Suecos se ha apoderado de una ideología que debería haber desaparecido para siempre en 1945. Pero el nazismo y las tendencias nazis continúan, año tras año, con la misma frecuencia bajo la pulida superficie de este partido de extrema derecha». En otras palabras, Suecia está gobernada por un partido con raíces nazis y tres partidos ultra-reaccionarios con claras tendencias fascistas. A esta coalición se la denomina «la coalición Tidö», refiriéndose a un acuerdo que firmaron, esos cuatro partidos en el Castillo Tidö, y que se hizo público el 14 de octubre de 2022. En dicho acuerdo se manifiestan temas como: educación, delincuencia, atención sanitaria, integración, problemas ambientales, energía, migración y crecimiento económico. Asimismo, este acuerdo significa que ningún jefe de partido puede criticar a otro jefe de otro partido. Es decir, en el fondo y muy sutilmente, todos comparten ideas autoritarias.
En este sentido han elaborado, por ejemplo, un documento llamado «comportamiento inadecuado, o mala conducta» (bristande vandel). Y significa que una persona, con permiso de residencia en Suecia, puede ser expulsada debido a su mala conducta. Según el Acuerdo Tidö, incluye la prostitución, el abuso de sustancias, participación en una organización, red o clan criminal, como también la participación en organizaciones o entornos que promueven la violencia. O la participación en grupos extremistas que amenazan los valores suecos fundamentales. Está claro que las personas que se dedican a actos delincuenciales y de criminalidad, deben ser expulsadas del país. Pero da la impresión que este gobierno ha empezado su mandato con un odio exacerbado hacia los inmigrantes, especialmente contra las personas que no tienen sus papeles en orden. Además, insinúan de refilón que «todos los males en la sociedad sueca se deben a la inmigración». Y en cuanto a su política migratoria, están aplicando una mano de hierro, y en ciertos casos los métodos que se utilizan para deportar a una persona degradan la condición humana.
Cada semana se lee en los periódicos sobre personas, de todas las nacionalidades, que han sido deportadas a sus países de origen. Y no se trata de personas relacionadas con la criminalidad, con la prostitución o con grupos extremistas. Se trata de personas trabajadoras que estaban esperando el permiso de residencia. Personas que habían vivido muchos años en Suecia, que tenían trabajo, una cuenta bancaria y pagaban impuestos. Este es el caso de la familia Kalac que llegaron a Suecia hace casi 10 años. Tenían trabajo, pagaban impuestos e incluso tienen familiares enterrados en un cementerio de Suecia. La Policía les notificó que tenían seis meses para regresar a Serbia, su país de origen. Arnela Kalac comentó: «Me siento muy triste, no tengo palabras. Es inhumano lo que está pasando» (Noticias de la Televisión Sueca). Otro caso, una adolescente de 15 años, Nadine, que nació en Suecia. Ella y sus padres de Argelia han sido deportados. Nadine con llanto en el rostro dijo: «No tengo ningún futuro en Argelia. Suecia es mi patria» (Periódico Aftonbladet). Ebou Kamateh, un hombre de 41 años, vivió en Suecia cuatro años con sus dos hijas nacidas en Gotemburgo y su compañera sueca. Hace unas semanas fue deportado. Ebou se refirió a este hecho con las siguientes palabras: «he hecho todo correctamente durante cuatro años. ¿Por qué debo abandonar mi familia?» (periódico Correos de Gotemburgo). Y así pudiera citar miles de casos. Sin lugar a dudas, la política migratoria que lleva adelante Suecia es: «justos pagan por pecadores».
El ministro de Migración de Suecia, Johan Forssell, con sus discursos moralistas en grado superlativo, ha criticado duramente a los padres de los jóvenes que cometen actos delictivos. Y ha dicho que los padres de los adolescentes involucrados en bandas criminales, deben asumir su responsabilidad. Y, por consiguiente, ha dado a entender que es error de los padres si un adolescente tiene inclinaciones criminales. Es más, Forssell, ha llegado incluso a sugerir seguimientos penales para los progenitores, cuyos hijos estén relacionados con actos criminales.
A mediados del mes pasado estalló una crisis que sacudió la política como el debate social en Suecia: el hijo del mismísimo Johan Forsell, estaba vinculado a grupos criminales de extrema derecha. Según la investigación, de casi un año, llevada a cabo por la revista Expo, el adolescente participó activamente en el movimiento «Club activo de Suecia» (Aktiv Klubb Sverige), intentó reclutar gente para la organización «Suecia libre» (Det fria Sverige) y mantuvo contactos con el «Movimiento de Resistencia Nórdica» (Nordiska motståndsrörelse), un movimiento considerado terrorista por Estados Unidos. De acuerdo a la Inteligencia de Seguridad de Suecia (Säpo) estos movimientos tienen una clara conexión con el extremismo violento de derecha, y son considerados un peligro para la seguridad de Suecia.
En un principio, el Gobierno trató de ocultar la conducta delictiva del hijo de Forssell. Seguramente para proteger la imagen política del ministro de Migración. Sin embargo, algunos sectores de la sociedad pedían su renuncia. Y la presión de los otros partidos, que no pertenecen a la coalición Tidö, obligaron finalmente a Johan Forssell a ponerse frente a las cámaras de la telivisión para dar una explicación al pueblo sueco. Forssell visiblemente afectado dijo que estaba horrorizado y que se encontraba en un «estado de shock». Acotó que no estaba al tanto de las acciones de su hijo, y que este ahora está profundamente arrepentido. Aclaró que las malas conductas de su hijo han cesado, y que no existen sospechas penales en su contra. Al mismo tiempo, aseguró que permanecerá como ministro. Johan Forssell siempre ha utilizado un lenguaje desproporcionado y agresivo contra los jóvenes inmigrantes que cometen actos criminales, pero también contra sus progenitores. Y cuando se descubrió que su hijo estaba involucrado en grupos de extrema derecha criminales, cambió su discurso y dijo hipócritamente: «aborrezco toda forma de extremismo político». La retórica del gobierno también cambió. El ministro de Justicia, Gunnar Strömmer, dijo: «utilizar a los niños en la campaña política perjudica a la democracia». Carl-Oskar Bohlin, ministro de Defensa Civil, acotó: «Esto afecta a una familia que no es pública. Johan Forssell es público, pero sus hijos no lo son». El primer ministro, Ulf Kristersson, salió rápidamente de su escondrijo para cubrir la espalda de su ministro y explicó: «Creo que Johan Forssell ha actuado como un padre responsable al enterarse de que su hijo estaba en malas compañías. Por supuesto que sigo confiando en Johan Forssell como ministro de Migración». Y la viceministra Ebba Busch, la Ursula von der Leyen sueca, que muchas veces ha lanzado ácido sulfúrico de su boca en contra de los extranjeros, también apoyó a Forssell.
En definitiva, Johan Forssell no asumió su responsabilidad de padre al no controlar «la conducta criminal de su hijo». Y, por lo tanto, según sus propias conjeturas tendría que ser sometido a un juicio penal. Esta conducta rara e injusta por parte del gobierno, es un claro ejemplo de moralización selectiva: la misma conducta se interpreta de un modo u otro según la clase, la posición social y el capital político de los involucrados. Este doble estándar no es nuevo en Suecia. Las élites tienden a enmarcar los desvíos de los «suyos» como fallos individuales relativizando los hechos delictivos. Mientras los fallos de los jóvenes inmigrantes de barrios vulnerables exigen castigo y reformas punitivas.
Miles de inmigrantes en Suecia trabajan en restaurantes, hospitales, asilos de ancianos, construcción, limpieza, transporte, tiendas, cárceles, fábricas, colegios, universidades, viviendas para personas con discapacidad, jardinerías, oficinas, peluquerías, salones de belleza; etc. También hay miles de inmigrantes trabajando en otras áreas de la sociedad. Dicho de otra manera, Suecia no funciona ni un solo minuto sin los inmigrantes. Según estudios estadísticos, la inmigración en Suecia en sí, no es una causa para la criminalidad; pero también es cierto que hay una sobrerrepresentación de hombres jóvenes de origen inmigrante en ciertos tipos de delincuencia, especialmente en zonas vulnerables con alto desempleo y escasa integración.
Tomando en cuenta todo lo indicado arriba, el caso del hijo de Forssell expone una fractura de credibilidad de un gobierno que maneja un discurso oficial para penalizar la marginalidad cuando está lejos del poder, y encubre la responsabilidad cuando toca a los propios. Si se quiere coherencia y democracia en la tarea de castigar un delito, la solución no es guiarse por el libreto de doble moral, sino más bien aplicar el mismo rasero ético sin mirar el apellido, el lugar donde se vive ni el color de la piel.
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