El informe Empresas que socavan la democracia 2025 presenta una selección anual de empresas emblemáticas que violan derechos sindicales y humanos, consolidan el poder industrial, evaden impuestos y responsabilidades sociales, subvierten la voluntad popular y las políticas mediante intensos grupos de presión, agravan la catástrofe climática y, lo que es más preocupante, invierten activamente una parte de los beneficios que extraen de los trabajadores en fuerzas políticas de extrema derecha.
EMPRESAS QUE SOCAVAN LA DEMOCRACIA 2025
La edición de 2024 de Empresas que socavan la democracia dejó patente la omnipresencia del comportamiento antidemocrático en la esfera corporativa, implicando a inversores institucionales (Vanguard), capital privado (Blackstone), grandes empresas tecnológicas (Meta, Amazon), empresas automovilísticas (Tesla) y gigantes de la industria pesada (Exxon, Glencore).
La lista de este año se centra en la creciente amenaza que suponen para la democracia los principales actores emergentes en la rápida militarización de la economía mundial. En 2025, estas empresas están propiciando un militarismo creciente, exigiendo una desregulación atroz, supervisando el declive de la democracia en el lugar de trabajo –o liderando una oposición frontal a la misma– y alineándose con fuerzas de extrema derecha que pretenden revertir los modestos avances logrados en los últimos 80 años en pro de la paz y de una democracia pluralista.
En nuestro análisis de 2025, destacan en particular siete empresas:
- Amazon.com (reaparece): Amazon, del multimillonario Jeff Bezos, vuelve a nuestra lista tras ser nombrada Empresa que socava la democracia en 2024. La empresa, que organiza con regularidad eventos relacionados con la industria de la defensa y se promociona a sí misma como “Amazon para combatientes”, se suma a otros actores del sector tecnológico en su intento de aumentar sus fuentes de ingresos financiadas por los contribuyentes a través de la industria armamentística, al tiempo que sirve de plataforma para personalidades de extrema derecha y se asocia con ellas.
- Anduril Industries: Anduril quizás sea la empresa menos conocida que se incorpora a la lista de este año. Descrita como una empresa “a caballo entre la cultura hacker y la ideología militarista”, su especialidad es la construcción de máquinas de matar autónomas y distópicas.
- Meta Platforms Inc. (reaparece):
- Meta, nombrada Empresa que socava la democracia en 2024, vuelve a nuestra lista a raíz del acelerado giro de su multimillonario director ejecutivo, Mark Zuckerberg, hacia la ideología de extrema derecha y las contrataciones militares.
- Northrop Grumman:
- Northrop Grumman “es el mayor especulador de armas nucleares”. Aunque es más sofisticada que otras empresas más jóvenes a la hora de camuflar su política, Northrop financia a personalidades de extrema derecha que se oponen al multilateralismo, al control armamentístico y a los sindicatos.
- Palantir Technologies:
- Palantir, propiedad del multimillonario de extrema derecha Peter Thiel, se ha convertido a lo largo de dos décadas en el sistema operativo de datos de facto para la guerra, la vigilancia policial, la aplicación de las leyes de inmigración y el análisis de los servicios de inteligencia.
- Space Exploration Technologies:
- SpaceX, del multimillonario de extrema derecha Elon Musk, está ahora profundamente integrada en planificaciones y despliegues militares, y los beneficios que Musk obtiene se encauzan hacia proyectos políticos de extrema derecha en múltiples continentes.
- Vanguard (reaparece):
- Vanguard, el mayor inversor en la producción de armas nucleares del mundo, vuelve a aparecer en nuestra lista tras haber sido nombrado Empresa que socava la democracia en 2024. Mientras su famoso rival BlackRock se afana por esquivar los ataques de la derecha por su supuesto wokismo, Vanguard abandonó enseguida sus promesas en materia de gobernanza medioambiental y social para ganarse el favor de la extrema derecha estadounidense.
La influencia financiera de estas empresas garantiza que sus ideas reaccionarias se difundan extensamente por toda la sociedad a través de una serie de plataformas e instituciones, desde medios de comunicación tradicionales y redes sociales hasta equipos de investigación universitarios y grupos de reflexión políticos.
AMAZON.COM
Amazon, del multimillonario Jeff Bezos, vuelve, al igual que Meta, a nuestra lista tras ser nombrada Empresa que socava la democracia en 2024. La empresa, que organiza con regularidad eventos relacionados con la industria de la defensa y se promociona a sí misma como “Amazon para combatientes”, se suma a otras empresas del sector tecnológico en su empeño por ampliar sus fuentes de ingresos financiadas por los contribuyentes a través del extenso sistema de adquisiciones de la industria armamentística, al tiempo que establece plataformas y se asocia con personalidades de extrema derecha.
Los propios empleados de Amazon han protestado por el afán de la empresa por conseguir contratos bélicos, entre ellos un acuerdo de 1.200 millones de dólares con Google y el Gobierno israelí de extrema derecha para intensificar la vigilancia de los palestinos en los territorios ocupados. Un informe de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados cita a Amazon por su apoyo a la infraestructura en la nube del Proyecto Nimbus israelí, que los militares describieron como “un arma en todos los sentidos de la palabra” para la vigilancia y la localización de objetivos.
Amazon se gastó al menos 19,1 millones de dólares en presionar al Gobierno de los Estados Unidos en 2024, lo que contribuyó a mantener la posición de Amazon Web Services (AWS) como principal proveedor de servicios informáticos en la nube para la industria armamentística. En 2025 ha presionado para impedir la regulación de la inteligencia artificial. Tiene un contrato de 10.000 millones de dólares con la Agencia de Seguridad Nacional, múltiples contratos para apoyar el programa informático en la nube Joint Warfighting Cloud Capability para el Departamento de Defensa, y cientos de millones de dólares en contratos con la CIA. La industria no parece preocupada por el hecho que se esté recompensando a una empresa que ha acumulado más de 283 millones de dólares en multas en Estados Unidos por vulnerar las leyes de privacidad, salarios y jornada laboral, protección del consumidor, medio ambiente y empleo. Si se suman las multas impuestas por Brasil, Canadá, España, Francia, India, Italia, Japón, Luxemburgo, Polonia y el Reino Unido, la factura global por infracciones asciende a la asombrosa cifra de 1.160 millones de dólares desde 2010. Estas cifras no incluyen las prácticas de explotación generalizadas en la cadena de suministro de la empresa, en particular el supuesto trabajo forzoso en Pakistán.
En Europa, AWS “recibió más de 1.300 millones de euros en concepto de contratos públicos entre 2019 y 2021, y casi 30 millones de euros para contratos de AWS con diversas Direcciones Generales de la UE entre 2020 y 2022”, según UNI Global Union, que ha solicitado la cancelación de los mismos. Bajo el liderazgo de Fabrice Leggeri, miembro del partido de extrema derecha Rassemblement National y posteriormente expulsado tras numerosas acusaciones de violaciones de los derechos humanos contra los migrantes, la agencia Frontex de la UE contrató a AWS como proveedor de servicios informáticos en la nube. En el Reino Unido, el Proyecto Kuiper de Amazon ganó un contrato de consultoría por valor de 670.000 libras con el Ministerio de Defensa, lo que se suma a los miles de millones de libras en concepto de contratos existentes de AWS con organismos gubernamentales británicos. Envalentonada, la empresa sigue poniendo a prueba la fortaleza de los organismos reguladores europeos. A raíz de su negativa a participar en una serie de audiencias sobre las malas condiciones de trabajo que existen en sus almacenes, se prohibió la entrada en el Parlamento Europeo a los miembros de su grupo de presión. El Parlamento consideró incluso la posibilidad de prohibir las asociaciones comerciales vinculadas a Amazon. No obstante, la empresa sigue presionando a los organismos reguladores para que se opongan a la regulación de la IA.
AWS fue un “socio fundamental” en la CERAWeek de este año, considerada como la “Super Bowl de la energía”. El evento se ha convertido en un centro neurálgico donde se cierran acuerdos de inversión y donde grupos de presión se relacionan con organismos reguladores, sirviendo cada vez más como un espacio de reunión para multimillonarios, políticos de extrema derecha y autoritarios globales. Este año, la colaboración de Amazon ayudó a financiar la plataforma de funcionarios de extrema derecha de la Administración Trump, como Chris Wright y Doug Burgum. Wright, antiguo director ejecutivo de una empresa de fracturación hidráulica que declaró que “la crisis climática no existe”, lleva mucho tiempo colaborando con la red de comités de acción política y grupos de reflexión de extrema derecha de los hermanos Koch. Burgum, ponente en la CPAC 2025 (Conferencia de Acción Política Conservadora) y candidato preferido de Bezos a la vicepresidencia, es un antiguo aliado de las multinacionales energéticas. Tras ser nombrado secretario del Interior, contrató al antiguo empleado de SpaceX Paul McInerny como director de sistemas de información, después de que el anterior director se negara a que el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), de Musk pudiera acceder a bases de datos confidenciales. Burgum también incorporó a Tyler Hassen, del DOGE, como subsecretario de política.
El propio Bezos ha asistido a la CERAWeek, la mayor conferencia anual del sector energético del mundo, junto con otros multimillonarios como Larry Fink, de BlackRock, que este año lucía una pulsera con el lema “Make Energy Great Again” (Hagamos que la energía sea grande otra vez), y Harold Hamm, de Continental Resources, uno de los financiadores de Trump. Los manifestantes que se congregaron en la conferencia tuvieron que enfrentarse a la violencia policial, lo que supuso una vulneración de sus derechos democráticos a la libertad de reunión y de expresión.
Tras fingir preocupación por el intento de golpe de Estado de la extrema derecha estadounidense el 6 de enero de 2021, Amazon reanudó enseguida sus contribuciones a la Asociación de Fiscales Generales Republicanos (RAGA), uno de los principales defensores de las falsas acusaciones de fraude de Trump en las elecciones de 2020. Como era de esperar, la fiscal general de Trump, Pam Bondi, antigua presidenta de la RAGA, pasó posteriormente a formar parte de los grupos de presión de Amazon y otros clientes controvertidos. Esta cercanía al círculo de Trump influyó supuestamente en la decisión sin precedentes de Bezos, como editor del Washington Post, de dejar de apoyar al candidato de la oposición en las elecciones presidenciales de 2024, una decisión anunciada apenas unas horas antes de que su empresa espacial Blue Origin se reuniera con Trump en un acto de campaña en Texas. Tras la victoria de Trump, Amazon donó 1 millón de dólares a su investidura, lo que le valió a Bezos un asiento en primera fila, junto a Musk y Zuckerberg.
El actual director ejecutivo de Amazon, Andy Jassey, cobra 43 veces más que el empleado medio de Amazon, mientras que la empresa se gasta millones en consultores antisindicales para reprimir los crecientes esfuerzos de sindicalización de su personal en todo el mundo.
La ideología de Amazon es implacablemente oportunista: está al servicio del poder, explota a los trabajadores y cosecha contratos estatales para afianzar sus beneficios a expensas de la democracia. A todos los niveles –en el trabajo, en la sociedad y en las instituciones internacionales– Amazon sigue socavando la democracia para los trabajadores y trabajadoras de todo el mundo. Afortunadamente, la coalición Make Amazon Pay, de la que la CSI es miembro, está luchando contra esta situación.
ANDURIL INDUSTRIES
Anduril quizás sea la empresa menos conocida que se incorpora a la lista de este año. Descrita como una empresa “a caballo entre la cultura hacker y la ideología militarista”, su especialidad es la construcción de máquinas de matar autónomas. Uno de sus primeros patrocinadores fue Peter Thiel, de Palantir. El mundo que Anduril imagina es un mundo en el que los procesos de toma de decisiones de vida y muerte están privatizados y automatizados, y en el que la democracia, los sindicatos y los derechos no son más que meros obstáculos.
Anduril comercializa su sistema operativo Lattice (que integra el software AIP de Palantir) para su uso en bases militares y de seguridad, lo que permite la vigilancia masiva de civiles, con escasa o sin ninguna supervisión democrática. Ya se está instalando en bases desde Japón hasta Estados Unidos. Lattice “automatiza tareas fundamentales como la detección de amenazas, el seguimiento y la toma de decisiones, incluida la gestión de la ‘cadena de ataque’, es decir, la secuencia de acciones necesarias para identificar, localizar y combatir amenazas”.
Las torres de vigilancia de la empresa, equipadas con Lattice, ya se han desplegado en la frontera entre Estados Unidos y México para rastrear migrantes en un contexto de represión violenta e ilegal tanto de trabajadores como de ciudadanos. Las torres pueden identificar y rastrear a personas y vehículos a una distancia de hasta 3 kilómetros, con independencia de que sean civiles en situación regular.
Anduril también ha cerrado contratos con el ejército estadounidense para construir drones portadores de municiones, drones kamikaze, drones de vigilancia y una “nave nodriza” de drones que envía drones más pequeños en masa. La Marina Real Británica es asimismo uno de sus clientes. El fundador de extrema derecha Palmer Luckey, antiguo empleado de Meta (entonces Facebook), se ha mostrado abierto respecto al propósito de su empresa: “Se necesita gente como yo, que esté igual de enferma y a la que fabricar herramientas de violencia para preservar la libertad no le quite el sueño”.
La esencia de la filosofía personal de Luckey y de la filosofía corporativa de Anduril no es la libertad, sino el nacionalismo de extrema derecha y el fervor antiobrero que lo acompaña. Luckey ha sido un importante donante de los miembros del Congreso afines a Trump, mientras que Anduril ha donado más de 1,4 millones de dólares a los republicanos estadounidenses. La empresa se ha gastado más de 700.000 dólares en grupos de presión dirigidos a funcionarios estadounidenses en 2025.
La empresa considera que los puestos de trabajo buenos son un obstáculo para el éxito. En su propia página web, Anduril se jacta de que “cuanto más aprovechemos las nuevas tecnologías, como la IA, más podremos ahorrar en gastos de mano de obra para los trabajos aburridos, sucios y peligrosos del servicio militar”. En el mismo documento, argumenta que las normas gubernamentales son demasiado onerosas para las empresas que quieren construir máquinas de matar automatizadas. Como era de esperar, en Anduril no hay trabajadores sindicalizados. Sin embargo, los trabajadores de empresas asociadas como OpenAI (el fabricante de ChatGPT), han protestado por las implicaciones éticas que supone suministrar sus productos a Anduril. Muchos extrabajadores también han declarado que se marcharon porque les resultaba imposible conciliar sus valores morales con la misión de la empresa.
Anduril comparte su visión corporativa del mundo con otras empresas de nuestra lista: Palantir y SpaceX. Juntas han creado un consorcio para licitar colectivamente en contratos militares con el fin de desbancar a los actores tradicionales de la industria armamentística, que también aparecen en nuestra lista. No es de extrañar: los financiadores de todas estas nuevas empresas son el mismo puñado de multimillonarios de extrema derecha, entre los que se encuentran Thiel y Musk. Anduril también ha recibido el respaldo de las empresas de capital riesgo del vicepresidente estadounidense JD Vance y Donald Trump, Jr. Luckey es cuñado del excongresista estadounidense Matt Gaetz, el primer candidato de Trump a la Secretaría de Defensa, hasta que un escándalo sexual frustró su nombramiento. Musk ha pedido abiertamente al Departamento de Defensa que dé prioridad a las adquisiciones de Anduril.
En lugar de aportar –tal como afirman– innovación a la defensa nacional, actores como Anduril están introduciendo una nueva generación de colusión corporativa, sustituyendo una puerta giratoria por otra. La ideología de Anduril es descaradamente mercenaria, ya que incorpora la política de extrema derecha en su modelo de negocio y trata la democracia y los derechos laborales como obstáculos que hay que eliminar.
META PLATFORMS, INC.
Meta vuelve a nuestra lista tras ser nombrada Empresa que socava la democracia en 2024. En aquel momento, la empresa respondió a los numerosos casos documentados de uso de sus plataformas para fomentar la violencia de extrema derecha afirmando: “Meta no se beneficia del odio... no tenemos ningún incentivo para hacer otra cosa que eliminarlo”. Sin embargo, cuando Donald Trump fue reelegido, esa política cambió radicalmente. El director ejecutivo Mark Zuckerberg se aseguró un asiento en primera fila en la investidura de Donald Trump y, poco después, Meta comenzó a alinearse más abiertamente con las preferencias de la extrema derecha. En enero contrató a Francis Berman, un antiguo asesor de Trump, para dirigir su Oficina de Comunicaciones Estratégicas en Washington D.C.
Esta ideología oportunista –ceder ante el poder para obtener beneficios– define actualmente la trayectoria de Meta. La empresa ha mantenido su avance hacia la derecha, revocando su prohibición respecto a la utilización con fines militares de su IA Llama para empresas estadounidenses y anunciando una alianza con otra Empresa que socava la democracia de 2025, Anduril, con objeto de desarrollar auriculares de realidad virtual para controlar maquinaria no tripulada en el campo de batalla.
Después de que se revelara que el Gobierno chino había utilizado una versión obsoleta de la IA Llama de Meta para construir su propio sistema militar, Meta abrió la puerta al Pentágono para que hiciera lo mismo. Llama es un extenso modelo de lenguaje que se basa en datos públicos y autorizados, incluyendo publicaciones compartidas públicamente por los usuarios en Facebook e Instagram y las interacciones de los usuarios con la IA de Meta. Esos datos pueden ser utilizados ahora por el ejército estadounidense y los contratistas de la industria armamentística para fines relacionados con la vigilancia y la guerra.
Como contrapartida, el director de Tecnología de Meta, Andrew Bosworth, prestó juramento junto a ejecutivos de Palantir y OpenAI como teniente coronel reservista del nuevo programa Detachment 201 del Ejército de los Estados Unidos, que permite a empresas tecnológicas privadas participar en la estrategia militar. Esto supone un importante reconocimiento para una empresa que ha incurrido en sanciones por valor de más de 7.500 millones de dólares por infringir leyes de protección del consumidor, privacidad, seguridad y salud en el trabajo y financiación de campañas electorales en Estados Unidos, y otros 3.800 millones de dólares por infracciones en países como Australia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, Francia, Hungría, India, Irlanda, Italia, Noruega, Reino Unido, Turquía y por parte de la Comisión Europea.
Las actividades de Meta ponen de manifiesto la ideología de la conveniencia que la impulsa. Tras la reelección de Donald Trump en 2024, la empresa donó 1 millón de dólares a la investidura de Trump y “acordó pagarle 25 millones de dólares para resolver una demanda después de haberlo suspendido” de sus plataformas por fomentar el intento de golpe de Estado del 6 de enero de 2021. Tras el ataque de Trump a la diversidad, la equidad y la inclusión, Meta anunció el fin de sus medidas en favor de la diversidad en su plantilla y el uso de verificadores de hechos. En Italia, el director de Asuntos Globales de Meta citó la “muy sólida relación con el presidente Trump” que mantiene la primera ministra de extrema derecha Giorgia Meloni, como una razón por la que Italia es un mercado ideal para la innovación de la IA en Europa.
En 2020, los propios investigadores de Meta descubrieron una extensa red de desinformación dirigida desde la oficina del entonces presidente brasileño y aliado de Trump, Jair Bolsonaro, lo que llevó a la empresa a suspender decenas de cuentas vinculadas. Sin embargo, en 2025, los ejecutivos de Meta se asociaron con el Partido Liberal de Bolsonaro para organizar la conferencia de comunicaciones del partido, haciendo caso omiso de las peticiones del gobierno en funciones para discutir sobre la moderación de contenidos. Los grupos de presión de Meta también colaboraron con un congresista brasileño de extrema derecha para diseñar una legislación que flexibilizara las normas sobre contenidos destinadas a proteger a los menores en Internet.
Aunque afirma ser una gran defensora de la integridad democrática, Meta sigue aplicando sin rigor sus propias políticas contra los agitadores de extrema derecha y los regímenes autoritarios. En vísperas de las elecciones presidenciales de este año en Rumanía, el candidato de extrema derecha George Simion pagó por poner anuncios en las plataformas de Meta para promocionar un discurso del primer ministro húngaro Viktor Orbán en el que abogaba por una “Europa cristiana”. Del mismo modo, en el Reino Unido, el partido de extrema derecha Reform, liderado por Nigel Farage, pagó a Meta para publicar anuncios racistas en Facebook e Instagram, en los que se afirmaba que un oponente “daría prioridad a la comunidad pakistaní” en detrimento de otras. En abril, un denunciante de la empresa informó de que Meta había proporcionado “herramientas de censura personalizadas” al Gobierno chino.
Meta socava no solo la democracia electoral, sino también la democracia en el lugar de trabajo. En 2024, el salario del director ejecutivo Mark Zuckerberg era 65 veces superior al salario medio de los empleados. Los persistentes abusos por parte de la empresa contra los moderadores de contenido, desde Turquía hasta Túnez, han conducido este año a la creación de la Alianza Sindical Global de Moderadores de Contenido de UNI, que exige ocho protocolos para proteger la salud mental de los trabajadores.
El comportamiento corporativo de Meta, sus actividades y sus alianzas dejan claro que ningún principio –ya sea la integridad democrática, los derechos humanos o la dignidad de los trabajadores– prevalece sobre su afán de lucro y su alineación con el poder.
NORTHROP GRUMMAN
Aunque es un fabricante de armas de menor envergadura que el líder del sector Lockheed Martin, Northrop Grumman “es el mayor especulador de armas nucleares, con más de 24.300 millones de dólares en contratos”, según la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN). Aunque a la hora de camuflar su política es más sofisticada que otras empresas similares más jóvenes, Northrop mantiene su predominio nuclear financiando a políticos que se oponen al multilateralismo, al control armamentístico y a los sindicatos.
Northrop es el principal contratista del programa Sentinel ICBM, valorado en 315.000 millones de dólares, y del bombardero nuclear B-21. En 2024, más de 700 científicos, entre ellos 10 premios Nobel, condenaron el programa Sentinel por considerarlo “caro, peligroso e innecesario”. El B-21 se ha convertido en un proyecto insignia de los grupos de reflexión de derechas que avivan las llamas de la guerra contra China.
Su entusiasmo por el militarismo es únicamente comparable a su desprecio por la democracia, ya sea para los inversores o para los trabajadores. Hasta los propios inversores de Northrop se han opuesto a la participación de la empresa en el entrenamiento de combatientes liderados por Arabia Saudí en Yemen, mientras que los trabajadores han denunciado a la empresa por obligarles a firmar acuerdos de confidencialidad para poder controlar el pago de sus impuestos privados.
Northrop es un infractor reincidente de las medidas de protección al consumidor y al trabajador. Ha sido sancionada con 779 millones de dólares en Estados Unidos por vulnerar leyes sobre declaraciones falsas, administración de planes de beneficios, control de exportaciones, residuos peligrosos, salarios y jornada laboral. La empresa también registra la tasa de sindicalización más baja entre los principales fabricantes de armas de Estados Unidos (apenas un 4%). A finales de la década de 1990 y principios de los 2000, 1 de cada 5 trabajadores de Northrop estaba afiliado a un sindicato. Para 2022 esa proporción se había reducido a 1 de cada 25, superando el descenso registrado en el resto del sector. No fue una casualidad. Los investigadores del sector lo han descrito como “una estrategia consciente de las grandes empresas fabricantes de armas para externalizar el trabajo a subcontratistas no sindicados y a estados con leyes antisindicales de ‘derecho al trabajo’”. El resultado ha sido devastador para la democracia en el lugar de trabajo y para la capacidad de los trabajadores de negociar de forma colectiva salarios y prestaciones justas. También está repercutiendo en la democracia a mayor escala, y los investigadores constatan que esta estrategia de deslocalización en todo el sector “ha provocado un cambio geopolítico que, a su vez, ha reforzado el control del gasto militar sobre la economía”.
Northrop trabaja sin descanso para consolidar ese control y garantizar que sus beneficios no se vean limitados por la voluntad popular. Durante años, contrató como principal representante de sus grupos de presión a Jon Kyl, ex senador estadounidense de derechas y oponente de larga data a los tratados de control de armas. En 2023 la empresa se gastó más de 10 millones de dólares en presionar al Congreso, en gran parte con el objetivo de restablecer una desgravación fiscal que le permitiera deducir de los impuestos federales los gastos de investigación y desarrollo. Esta transferencia de riqueza de los contribuyentes al mayor fabricante de armas nucleares del mundo se suma a los miles de millones que ya recibe de ellos en concepto de contratos financiados con impuestos. Ese mismo año, al tiempo que presionaba para obtener desgravaciones fiscales, Northrop pagó a su directora ejecutiva, Kathy Warden, 23,36 millones de dólares.
Northrop fue uno de los 20 principales donantes a los comités de acción política del presidente de la Cámara de Representantes de extrema derecha, Mike Johnson, en las elecciones que se celebraron en 2022. La empresa financia asimismo a diversos grupos de reflexión conservadores de línea dura, como el American Enterprise Institute y el Hudson Institute, que promueven un mayor desarrollo de las armas nucleares. Susi Snyder, de ICAN, lo expresó de forma concisa: “Lo que hemos constatado sistemáticamente es que la industria de las armas nucleares compra influencia. Y eso significa que no podemos tomar decisiones serias acerca de nuestra seguridad”.
La ideología de Northrop es calculada y codiciosa, y sostiene su imperio nuclear comprando influencia, debilitando la democracia en el trabajo y subordinando el interés público al afán de lucro y poder.
PALANTIR TECHNOLOGIES
A lo largo de dos décadas, Palantir, propiedad del multimillonario de extrema derecha Peter Thiel, se ha convertido en el sistema operativo de datos de facto para la guerra, la vigilancia policial, la aplicación de las leyes de inmigración y el análisis de los servicios de inteligencia. La empresa está actualmente mejor valorada que RTX y que Lockheed Martin, dos actores tradicionales del sector armamentístico. El primer inversor de Palantir, In-Q-Tel, era la rama de inversión de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos. Es fácil entender por qué: el director ejecutivo Alex Karp se jacta de que “el poder de los sistemas avanzados de guerra algorítmica es ahora tan grande que equivale a disponer de armas nucleares tácticas...”.
Palantir ha acumulado más de 1.300 millones de dólares en contratos militares con EE.UU. para construir plataformas de vigilancia de nueva generación, utilizadas tanto por las fuerzas armadas como por la policía nacional. Entre ellas se encuentra el Algorithmic Warfare Cross-Functional Team, o Proyecto Maven, que utiliza inteligencia artificial para procesar datos sobre vigilancia y ha sido utilizado por el ejército estadounidense en Afganistán y Yemen. También incluye el sistema ImmigrationOS (dotado de 30 millones de dólares), un prototipo de herramienta que se está desarrollando para que el Servicio de Inmigración y Control Aduanas de Estados Unidos (ICE) pueda hacer un seguimiento de los migrantes en tiempo real e incluso ayudar a los agentes a determinar a quién deportar. Gotham, otro programa de Palantir, se utiliza como software policial predictivo, lo que evoca la lógica distópica de Minority Report.
Cuando unas tecnologías tan sofisticadas caen en manos de regímenes antidemocráticos de extrema derecha admirados por Thiel y Karp, se convierten en el sueño de los autoritarios y en la pesadilla de los ciudadanos. Karp donó personalmente 1 millón de dólares a la investidura de Trump en 2025.
Palantir lleva mucho tiempo prestando servicios al Gobierno de extrema derecha de Israel, a raíz de lo cual un importante inversor noruego, Storebrand Asset Management, ha decidido eliminar la empresa de su cartera. Storebrand mencionó su preocupación por el hecho de que las tecnologías de Palantir, utilizadas en la ocupación ilegal de Palestina y en la guerra de Gaza, pudieran exponer a los inversores a vulneraciones del derecho internacional humanitario. Una de las principales iniciativas de presión de Palantir en Estados Unidos en los últimos años ha sido un paquete de ayuda de 14.000 millones de dólares para Israel, donde se beneficia de una alianza estratégica para proporcionar “tecnología avanzada en apoyo de misiones relacionadas con la guerra”.
Por otra parte, Trump contrató a Palantir para utilizar su software Foundry con el fin de crear una base de datos centralizada con información personal sensible sobre millones de estadounidenses, información que normalmente se mantiene protegida por cortafuegos dentro de organismos específicos. Esto ocurre a pesar de que Palantir ha acumulado 1,7 millones de dólares en multas por discriminación laboral y paga a Karp 20 veces el salario medio de sus empleados.
Al igual que anteriores Empresas que socavan la democracia, Palantir presiona de forma agresiva para que los funcionarios electos se sometan a los intereses de esta, en lugar de responder a la voluntad democrática de sus votantes. Justin Mikolay, antiguo miembro del grupo de presión de Palantir, trabaja ahora en el Departamento de Defensa de Estados Unidos. El antiguo jefe de gabinete de Thiel, Michael Kratsios, dirige la Oficina de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca, y su antiguo asesor principal, Jacob Helberg, ocupa el cargo de subsecretario de Estado en la Administración Trump. En 2025 la empresa se gastó más de 2,5 millones de dólares en actividades y grupos de presión en Estados Unidos, un pequeño precio a pagar por los 2.500 millones de dólares en contratos que ha conseguido desde 2009. Palantir también ha financiado la New American Industrial Alliance, un grupo de presión del sector, asesorado por personalidades de extrema derecha próximas a Trump, que aspira a suprimir las regulaciones laborales y medioambientales con el fin de acelerar la producción de armas.
La carrera entre gobiernos por perseguir las últimas tendencias ha abierto las puertas a estos proyectos híbridos de política y tecnología. Palantir cuenta en la actualidad con dos docenas de contratos con el Gobierno británico, y ha elegido Londres como sede europea, sin duda atraída por la expansión de las Zonas de Crecimiento de la IA, áreas con escasa regulación donde la élite tecnológica da rienda suelta a sus fantasías a costa de los trabajadores de verdad. Los contratos de Palantir con el Servicio Nacional de Salud (NHS) han sido durante mucho tiempo objeto de controversia debido a su falta de transparencia.
Al igual que su antiguo colega de PayPal y compañero financista de Trump, Elon Musk, la política de Thiel es inseparable de las operaciones de Palantir. Thiel –uno de los primeros patrocinadores de Meta (entonces Facebook), otra de las Empresas que socavan la democracia– es considerado por muchos como uno de los intelectuales más destacados de la nueva generación de actores de extrema derecha de Silicon Valley que defiende una ideología neofascista denominada “Ilustración Oscura”. Es mentor y financista desde hace mucho tiempo del vicepresidente estadounidense de extrema derecha JD Vance. Ha criticado duramente el multiculturalismo, la inmigración y la democracia, ha descrito el apartheid de Sudáfrica (donde se crió) como un “sistema económico sólido”, y ha escrito en su manifiesto: “Ya no creo que la libertad y la democracia sean compatibles”.
La ideología de Palantir es oportunista y autoritaria: doblegar la tecnología, los gobiernos y la propia ley para consolidar el poder y los beneficios, erosionando al mismo tiempo la democracia en todos los lugares donde opera.
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES
SpaceX, de Elon Musk, una de las empresas más valiosas del planeta, ha orientado su cuasi monopolio en el sector de lanzamientos espaciales comerciales hacia aplicaciones militares que son la envidia del mundo entero. Sus satélites Starlink están ahora profundamente integrados en la planificación y los despliegues militares, mientras que los beneficios que Musk obtiene se reinvierten en proyectos políticos de extrema derecha.
En Estados Unidos, la NASA, el Departamento de Defensa, la Fuerza Espacial y la Oficina Nacional de Reconocimiento dependen de los servicios de lanzamiento de SpaceX para desplegar satélites espías y demás materiales de uso civil y militar. También han contratado a Starlink para desarrollar el programa Starshield, enfocado en el despliegue de cientos de satélites con fines militares. Además, SpaceX se ha asociado con otras dos empresas de nuestra lista, Palantir y Anduril, con objeto de presentar una propuesta conjunta para el desarrollo del proyecto estadounidense Golden Dome.
A fecha de 2024, la empresa mantiene contratos con el Gobierno estadounidense por valor de más de 22.000 millones de dólares, y estos datos son anteriores a la inversión de 288 millones de dólares de Musk en la reelección del presidente de extrema derecha Donald Trump y a su breve paso como empleado especial del Gobierno en el ficticio Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). En 2020, estos contratos federales representaron casi el 84 % de los ingresos de la empresa. Al mismo tiempo, SpaceX ha sido sancionada con más de 4,9 millones de dólares por vulnerar las leyes sobre salarios y horarios, seguridad aérea, residuos peligrosos y seguridad en el lugar de trabajo.
Durante su mandato en el Gobierno, Musk presionó con éxito a la Administración de Servicios Generales de Estados Unidos con el fin de que optara por Starlink para los servicios de banda ancha. Brendan Carr, promotor de SpaceX, aliado de Musk y coautor de Project 2025, fue nombrado por Trump presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones. Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia abandonó varias investigaciones sobre SpaceX. La Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB) de la Administración Trump retiró asimismo su oposición a una causa de SpaceX que pretendía declarar la NLRB inconstitucional. Posteriormente, la agencia y SpaceX solicitaron conjuntamente una mediación sobre el asunto, que incluye acusaciones de que la empresa despidió improcedentemente a empleados que se habían manifestado abiertamente en su contra. En agosto, un tribunal de apelación, integrado en su mayoría por personas nombradas por Trump, dictaminó que se impidiera a la NLRB presentar cargos por prácticas laborales injustas contra la empresa.
Mientras tanto, informes recientes indican que SpaceX ha pagado “pocos o cero impuestos federales sobre la renta desde su fundación en 2002, y ha comentado en privado a los inversores que es posible que nunca pague nada”. Esto significa que la empresa, conocida por su postura antisindical y por intentar declarar inconstitucionales los organismos nacionales responsables de aplicación de la legislación laboral, funciona en gran medida como una empresa financiada por los contribuyentes, sin aportar nada al erario público.
La privatización sin precedentes de la órbita terrestre por parte de SpaceX tiene consecuencias que van mucho más allá de Estados Unidos. El Gobierno brasileño ha documentado el uso generalizado de Starlink por parte de cárteles mineros ilegales en la selva amazónica, lo que contribuye a que el crimen organizado eluda las leyes medioambientales. Las cuentas de SpaceX también fueron congeladas brevemente debido a que otra empresa de Musk, X (antes Twitter), no acató las órdenes de varios tribunales federales. La actividad de Musk en Brasil también se extiende a la política de extrema derecha del país. Se ha relacionado con el influencer de derechas Paulo Figueiredo, antiguo socio comercial de Trump y nieto del presidente general de la época de la dictadura, João Figueiredo, así como aliado del expresidente Jair Bolsonaro. Este último se encuentra bajo arresto domiciliario por intentar liderar un golpe de Estado contra el presidente electo Lula da Silva, y Paulo Figueiredo sigue estando investigado por las autoridades brasileñas por su participación en dicho golpe. En mayo, SpaceX recibió a Figueiredo. Según la Agência Pública, un participante anónimo informó de que los asistentes de la empresa estaban “muy enfadados porque el Tribunal Supremo [brasileño] les ha tocado el bolsillo y no lo van a dejar pasar”.
En el Reino Unido, Musk ha coqueteado con la posibilidad de financiar el movimiento de extrema derecha Reform UK, liderado por Nigel Farage. Ha utilizado su influencia en el Gobierno estadounidense para convocar reuniones de SpaceX con el primer ministro húngaro de extrema derecha, Viktor Orbán, el ministro de Asuntos Exteriores de extrema derecha, Péter Szijjártó, y la Administración Trump, para asociarse en el programa de satélites 4iG HUSAT de Orbán. En Sudáfrica, país natal de Musk, SpaceX cuenta con el apoyo Ernst Roets, líder del grupo nacionalista blanco de extrema derecha AfriForum. En Italia, la primera ministra de extrema derecha, Giorgia Meloni, está intentando conseguir un acuerdo por valor de 1.500 millones de dólares con SpaceX para la prestación de servicios militares y de emergencia.
Resulta imposible desenmarañar las prácticas comerciales de SpaceX, su oposición a la democracia en el lugar de trabajo, sus intentos de monopolizar y privatizar el espacio, su evasión fiscal y sus contratos militares con gobiernos de extrema derecha. En conjunto, la imagen que ofrecen no es la de una empresa innovadora, sino la de un vehículo peligroso para el proyecto político antidemocrático de su director ejecutivo y una red global de aspirantes a autoritarios. Al igual que las demás empresas de la lista de este año, la ideología mercenaria de SpaceX fusiona la búsqueda de beneficios con una política autoritaria, convirtiendo la innovación en un arma contra la democracia en el trabajo, en la sociedad y a escala mundial.
THE VANGUARD GROUP, INC.
Vanguard, el mayor inversor en la producción de armas nucleares del mundo, vuelve a nuestra lista tras ser nombrada Empresa que socava la democracia en 2024. Mientras su notorio rival BlackRock se apresura a capear los ataques de la derecha por su supuesto wokismo, Vanguard no tardó en abandonar sus compromisos medioambientales, sociales y de gobernanza para ganarse el favor de la extrema derecha estadounidense.
Únicamente en 2022, Vanguard invirtió la impresionante suma de 68.200 millones de dólares en empresas de armas nucleares, entre las que se encuentran Aerojet Rocketdyne (EE.UU., Reino Unido), Airbus (Países Bajos), BAE Systems (Reino Unido), Boeing (EE.UU.), General Dynamics (EE.UU.), Honeywell (EE.UU.), L3Harris (EE.UU.), Leonardo (Italia), Lockheed Martin (EE.UU.), Northrop Grumman (EE.UU.), RTX (EE.UU.), Safran (Francia) y Thales (Francia). A medida que los Estados con armamento nuclear profieren amenazas cada vez más temerarias, Vanguard destaca como el mayor financiador de sus armas más letales. También es uno de los principales accionistas de todas las empresas que cotizan en bolsa y que figuran en la lista de Empresas que socavan la democracia de este año: Amazon (7,97 %), Palantir (9,43 %), Northrop Grumman (9,37 %) y Meta (8,88 %).
Vanguard, que en su día fue elogiada por “democratizar” el ámbito de la inversión y por gestionar de forma responsable las pensiones y jubilaciones de los trabajadores, ha recibido con los brazos abiertos a una nueva guardia bajo la dirección del director ejecutivo Salim Ramji, veterano de las infames empresas Clifford Chance, McKinsey y BlackRock. Ramji, que en su día defendió las inversiones medioambientales, sociales y de gobernanza en BlackRock, ha guardado silencio en su nuevo cargo pese a los múltiples llamamientos de activistas de movimientos sociales. En su primer año, la empresa siguió siendo el mayor inversor institucional en combustibles fósiles, incluyendo la inversión en empresas que, según se alega, mantendrán en 2025 relaciones comerciales con la junta militar gobernante de Myanmar.
Vanguard ocupó este año el puesto 70º de 70 gestores de activos por no apoyar las resoluciones de los inversores éticos, lo que la convierte en “la peor de todas las gestoras”. Esto ha incluido votar en contra de resoluciones sobre derechos humanos en Northrop Grumman, de resoluciones sobre divulgación de información de grupos de presión en otros fabricantes de armas, y de una resolución para una mayor divulgación de información por parte de los inversores en Mondelez, que el Gobierno ucraniano ha calificado de “patrocinador internacional de la guerra”.
Vanguard también ha acumulado una cuantiosa factura por infracciones civiles: 221 millones de dólares, desde 2010, por infracciones en materia de protección de inversores y discriminación laboral en Estados Unidos, Australia y Alemania. A finales de 2024, sindicatos como la AFL-CIO se sumaron a decenas de organizaciones para firmar una carta dirigida a un organismo regulador bancario estadounidense en la que reclamaban un mayor control de Vanguard y otras gestoras de activos. “El crecimiento y la concentración del sector de la gestión de activos han modificado radicalmente la estructura de nuestros sistemas financieros y de gobernanza corporativa en lo que se refiere a las empresas públicas”, señalaron. “Este poder de voto, que se ejerce en cuestiones clave como la composición del consejo de administración, la remuneración de los ejecutivos y los riesgos relacionados con el cambio climático, la desigualdad racial y la falta de respeto por los derechos laborales, se traduce en una influencia que los gestores de activos también pueden ejercer a puerta cerrada, con escasa o sin ninguna transparencia”.
En su afán por obtener beneficios y controlar el sector, Vanguard ejerce un poder oculto sobre gobiernos y empresas por igual, todo ello a expensas de la democracia.
« Para los sindicalistas, la democracia no es solo un conjunto de valores, sino que representa una práctica diaria. Su éxito o fracaso solo puede medirse en función de si beneficia o no a los trabajadores... Los Estados y las instituciones también deberían funcionar de esta manera. »Luc Triangle, secretario general de la CSI
UN GOLPE DE ESTADO DE LOS MULTIMILLONARIOS CONSTRUIDO A BASE DE BOMBAS
En conjunto, estas empresas que socavan la democracia ponen de manifiesto cómo el oportunismo político y la especulación corporativa están mermando la democracia, y por qué la lucha de los trabajadores por la democracia urge ahora más que nunca.
Estas siete empresas no son las únicas que socavan la democracia mediante la colaboración con –o su entusiasta pertenencia a– la extrema derecha mundial. Hoy en día, esto parece ser una característica, no un defecto, del capitalismo del siglo XXI. Lo que distingue a las empresas nombradas este año es cómo combinan sus prácticas para socavar la democracia, sutiles o manifiestas, con una ferviente especulación derivada de la peligrosa militarización de nuestras economías.
El 24 de julio, la CSI, Greenpeace Internacional, la Oficina Internacional por la Paz, la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares, Oxfam, 350.org y otras 17 organizaciones advirtieron de esta convergencia:
“Hoy en día nos enfrentamos a una creciente amenaza para nuestra seguridad colectiva debido a la concentración de poder y riqueza en manos de una despiadada alianza de multimillonarios y fuerzas políticas de extrema derecha. (...) La influencia de esta élite favorece el auge de los regímenes autoritarios, despojando a los pueblos de su poder colectivo, acelerando la carrera armamentística y el cambio climático, y desviando recursos en detrimento del desarrollo humano y la consolidación de la paz.
Las repercusiones de este golpe de Estado de los multimillonarios se están haciendo sentir en todo el planeta, y gobiernos de todos los continentes están dando mayor prioridad a la expansión militar que a la protección social o al desarrollo sostenible, socavando los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y encareciendo el coste de la vida, al tiempo que recortan programas sociales esenciales”.
Empresas como las que figuran en nuestra lista no son meramente extractivas, despojando a los trabajadores de lo que se les debe y de su poder democrático para luchar. Son también destructivas, ya que desarrollan las armas más peligrosas jamás conocidas y las confían a multimillonarios arrogantes deseosos de abandonar a la humanidad; multimillonarios que “no solo se aprovechan de las catástrofes... sino que simultáneamente las provocan y las planifican“.
Afortunadamente, los trabajadores del mundo no quieren dejar su futuro en manos de los multimillonarios. Están luchando. Por eso la CSI está llevando a cabo la campaña Por la Democracia, y por eso sus aliados han pedido a los gobiernos que “construyan un mundo mejor en el que se erradique la amenaza de las armas nucleares, en el que la democracia aporte paz y prosperidad para todas las personas, y en el que se garantice la seguridad común a través de la solidaridad y el desarrollo sostenible”.
Únete hoy mismo a la campaña Por la Democracia.
¿Por qué "Empresas que socavan la democracia"?
La Confederación Sindical Internacional lanzó en 2024 su campaña mundial Por la Democracia, exponiendo una amplia visión de los trabajadores y las trabajadoras a favor de la democracia en el trabajo, en la sociedad y en las instituciones internacionales. Por todo el planeta –en piquetes, en parlamentos, en manifestaciones y en encuentros mundiales– los sindicatos se esfuerzan por practicar una forma profunda de democracia que dé prioridad a la participación masiva y a la aportación de mejoras concretas en la vida de las personas. La democracia sindical es fuerte y receptiva, y los trabajadores establecen colectivamente a través de ella el rumbo en sus comunidades, lugares de trabajo, países e instituciones internacionales.
El secretario general de la CSI, Luc Triangle, escribió: “Para los sindicalistas, la democracia no es solo un conjunto de valores, sino que representa una práctica diaria. Su éxito o fracaso solo puede medirse en función de si beneficia o no a los trabajadores... Los Estados y las instituciones también deberían funcionar de esta manera”.
Lamentablemente, a la gran mayoría de los trabajadores del mundo se les niega el acceso a esa democracia. Dicha negación, sumada al creciente fracaso de las instituciones existentes a la hora de responder a las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras, ha dado pie a que las fuerzas antidemocráticas se adueñen del discurso y del poder. Bajo la dirección de los superricos, las élites tecnológicas y las fuerzas políticas de extrema derecha, se está produciendo un golpe de Estado de los multimillonarios contra la democracia que aprovecha las flaquezas de gobiernos e instituciones internacionales para amasar una riqueza desmesurada, destruir los lazos sociales que mantienen unidos a los trabajadores, y sembrar destrucción económica y medioambiental.
Por eso, en 2024, la CSI presentó la primera edición de su lista de Empresas que socavan la democracia , una selección anual de empresas emblemáticas que violan derechos sindicales y humanos, consolidan el poder industrial, evaden impuestos y responsabilidades sociales, subvierten la voluntad popular y las políticas mediante intensos grupos de presión, agravan la catástrofe climática y, lo que es más preocupante, invierten activamente una parte de los beneficios que extraen de los trabajadores en fuerzas políticas de extrema derecha. Su influencia financiera garantiza que las ideas reaccionarias se difundan extensamente por toda la sociedad a través de una serie de plataformas e instituciones, desde medios de comunicación tradicionales y redes sociales hasta equipos de investigación universitarios y grupos de reflexión políticos.
Cuando la extrema derecha llega al poder, desacredita y priva de fondos a las instituciones democráticas internacionales; baja los impuestos a los ricos y a las empresas; recorta los salarios vitales; favorece la financiación bilateral de la ayuda en detrimento del multilateralismo; y reprime los derechos humanos, sindicales y democráticos, como lo demuestra el Índice Global de los Derechos de la CSI. Este círculo vicioso está impulsado por la codicia y repercute en las campañas de organización, las mesas de negociación, las elecciones políticas, las cámaras legislativas y las negociaciones globales en todos los continentes.
Las empresas que figuran en esta lista son representativas, pero no son en absoluto las únicas. Son muestra de un mundo empresarial cada vez más amplio que protege y expande sus propios beneficios socavando la democracia en todos los ámbitos de la vida.
Metodología
Empresas que socavan la democracia es un proyecto en curso que seguirá identificando empresas líderes del mercado, representativas de los efectos adversos que el poder corporativo ejerce sobre la democracia. Estas empresas son objeto de denuncias y campañas activas por parte de sindicatos y movimientos sociales de todo el mundo. La lista anual se basa en estudios e informes de prensa de dominio público, así como en consultas con diversos socios:
El proyecto se centra en:
- Identificar la relación que existe entre el poder corporativo y los políticos de extrema derecha. La CSI colabora con el Consorcio de Investigación de la Internacional Reaccionaria y con The Autonomy Institute para desarrollar una potente herramienta de investigación que identifica miles de conexiones entre entidades corporativas y de extrema derecha. Las pistas que proporciona se refinan y confirman mediante investigaciones y consultas adicionales.
- Hacer un seguimiento de la cooperación que mantienen las empresas con las organizaciones de trabajadores. La CSI consulta a sus organizaciones afiliadas, así como a sus socios de la Agrupación Global Unions y el Comité sobre el Capital de los Trabajadores.
- Identificar las violaciones cometidas por las empresas. La CSI examina la información de Good Jobs First – Violation Tracker y las páginas sobre empresas del Business & Human Rights Resource Centre.
- Evaluar la influencia de los grupos de presión. La CSI utiliza estudios del Corporate Europe Observatory, el Transnational https://www.ituc-csi.org/corporate-underminers-explained-es?lang=en y otros recursos.
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