El plan equipara a los movimientos de izquierda con grupos terroristas como Al-Qaeda en términos de amenaza nacional.
Antònia Crespí Ferrer Washington-15/05/2026
La Administración de Donald Trump ha presentado esta semana su nueva estrategia contraterrorista, donde sitúa combatir el antifascismo como su gran prioridad de seguridad. En términos de amenaza nacional, los grupos de izquierda son equiparados con los grupos islamistas terroristas como Al-Qaeda. El documento de 16 páginas ofrece una definición generalizada de lo que considera “antifa” y da manga ancha para que cualquier tipo de actividad vinculada con la izquierda sea tratada como una amenaza terrorista que debe ser monitoreada y neutralizada.
"Además de los cárteles y de los grupos terroristas islamistas, nuestras actividades nacionales de lucha contra el terrorismo también priorizarán la rápida identificación y neutralización de grupos políticos seculares violentos cuya ideología sea antiamericana, radicalmente a favor de las personas transgénero y anarquista”, expone el plan. El texto amplía la definición tradicional de terrorismo en EEUU, que desde los atentados del 11-S se había vinculado con los grupos terroristas islamistas, y pone el foco en lo que considera terrorismo doméstico.
La estrategia sigue las líneas maestras que ya marcó Trump el año pasado al declarar el movimiento antifascista como organización terrorista. El mandatario aprovechó el clima político que generó el asesinato del influencer de extrema derecha, Charlie Kirk, para atacar a la izquierda en general y poner el foco sobre el antifascismo. A partir de una definición laxa y terminología vaga, la Casa Blanca se ha dedicado a hablar de "Antifa" como si fuera una organización estructurada que se puede atacar, cuando en realidad es un movimiento ideológico.
Es a partir de esta premisa que en su plan de contraterrorismo asegura que utilizarán "todas las herramientas constitucionalmente disponibles para localizarlos en nuestro país, identificar a sus miembros, trazar sus vínculos con organizaciones internacionales como Antifa y utilizar herramientas policiales para debilitarlos operativamente antes de que puedan mutilar o matar a inocentes". Esta es la parte más grave del documento para Xavier de Janon, miembro de la organización National Lawyers Guild (NLG) dedicada a brindar defensa legal a activistas y manifestantes.
"Lo más preocupante del memorándum es que crea un marco policial que es precrímen. Eso significa que no solamente van a activarse e investigar cuando ocurra una protesta, sino que sucederá antes, cuando las personas están reunidas planeando, debatiendo e intercambiando ideas. Entonces, se justifica un espionaje previo; una invasión de la privacidad para evitar que ocurra un supuesto acto terrorista", explica a Público De Janon.
Todd Huntley, el jefe del programa de Seguridad Nacional de la Universidad de Georgetown, señala también cómo la indefinición de los conceptos puede derivar en un seguimiento arbitrario. "Por cómo lo escriben: 'extremistas violentos de izquierda, incluyendo anarquistas y antifascistas'. Esas dos categorías son tan abiertas y están tan mal definidas que básicamente serán quienes ellos digan que son".
Tanto De Janon como Huntley coinciden en señalar que esta premisa resuena con las políticas del macartismo, cuando en EEUU se persiguió ferozmente el comunismo. "El problema es que las herramientas de espionaje ahora son mucho más avanzadas. Entonces, ya no es que tienen que venir a tu casa a instalar un micrófono, como en los 60. Ahora, con la tecnología, pueden interceptar tus comunicaciones, pueden pedir a las empresas tecnológicas que den tus mensajes, tu información en un teléfono móvil", expone De Janon.
A Huntley le preocupa que el nuevo plan “abra la puerta a usar la vasta maquinaria antiterrorista que EEUU construyó tras el 11 de septiembre para perseguir a Al Qaeda y que girare hacia el interior”. Entre otras herramientas, Huntley cita la vigilancia electrónica bajo la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA) "e incluso el posible uso de la fuerza". A su parecer, todo da a entender "que están preparados para usarlas contra grupos nacionales bajo esta etiqueta de "extremismo de izquierda". Y añade: "Esto también me hace pensar en los años 70 y principios de los 80, cuando las dictaduras de derecha en Argentina, Chile y otros lugares del mundo tildaban de terrorista a cualquier oposición para desacreditarlos y así poder usar la fuerza del Gobierno contra ellos".
La compañía de inteligencia artificial, Palantir, ha estado cruzando datos privados de los ciudadanos estadounidenses para agilizar las operaciones de los agentes de inmigración. La tecnología de rastreo ya existe, solo que ahora se está focalizando en la campaña de deportaciones masivas.
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De hecho, De Janon advierte que lo que plantea el memorándum antiterrorista "ya está siendo usado". "Ya hay una acusación, un juicio, una victoria para el gobierno”. El activista se refiere a la condena emitida a principios de año en Texas contra nueve miembros de una supuesta "célula antifascista" después de que el pasado 4 de julio hubiera una manifestación frente al centro de detención de ICE de Prairieland. La protesta acabó con un tiroteo donde un agente de la policía resultó herido, ya que es un estado donde se puede ir armado por la calle.
Pero la campaña de persecución no solo se ha empezado a aplicar contra individuos concretos; De Janon explica que su organización también está en el blanco de los seguidores del presidente. En octubre del año pasado, el congresista republicano Lance Good pidió al Departamento de Justicia que investigara a la NLG por su rol defendiendo a activistas de izquierdas. "Solicitó una investigación en contra de nuestra organización debido a nuestro apoyo a movimientos izquierdistas, movimientos antifascistas. Y en la ultraderecha de los Estados Unidos, el National Lawyers Guild es considerado como el brazo legal de Antifa", expone.
La NLG, que se fundó a finales de los años 30, también fue perseguida por el macartismo durante los años 60. El Departamento de Justicia de ese entonces acusó a la NLG de operar como un frente comunista por su labor en prestar defensa legal a los activistas de izquierdas y por liderar la creación de un "frente contra el fascismo".
Recientemente, el Departamento de Justicia abrió una investigación contra el Southern Poverty Law Center (SPLC), un destacado grupo por los derechos civiles que lleva años siguiendo a los grupos de odio en Estados Unidos. El SPLC es ampliamente conocido por monitorear la extrema derecha estadounidense. En su origen, este grupo fue clave para identificar a los miembros del Ku Klux Klan y luchar contra el supremacismo blanco.
A pesar de que De Janon cree que esto solo es el inicio de una persecución que se va a seguir recrudeciendo contra los activistas de izquierdas, también remarca que hay más gente movilizada ante el retroceso de derechos. "A nosotros nos llena de esperanza que, aun con esta postura del Gobierno, las protestas en este país están en el nivel más alto en décadas. Las marchas y las manifestaciones están llamando a cientos de miles, lo que en los Estados Unidos es muy raro".
https://www.publico.es/internacional/eeuu/gobierno-trump-pone-grupos-antifascistas-prioridades-estrategia-antiterrorista.html
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