Noam Sala Budgen 18/10/2026
«Una victoria muy grande… la verdad que es increíble». Así describió Donald Trump el resultado de las elecciones brasileñas de esta semana, después de que el candidato de extrema derecha Flávio Bolsonaro obtuviera en la primera vuelta un 47,03 %, por delante del presidente en funciones de izquierdas, Lula Inácio da Silva, con un 45,16 %. Más de 56 millones de personas votaron por el hijo mayor de Jair Bolsonaro, el expresidente condenado por planear un golpe de Estado militar. Lula afirmó que el resultado era «inesperado» y que estaba convencido de que ganaría rotundamente. Si las actuales encuestas son correctas, él y su Partido de los Trabajadores (PT) van camino de perder la segunda vuelta presidencial a finales de mes.
Por su parte, el Partido Liberal (PL), bolsonarista, pasó de 98 a 121 diputados en el Congreso, lo que lo convierte en el partido más numeroso de la cámara, mientras que la derecha se ha hecho firmemente con el control del Senado. Aunque al expresidente todavía se le prohíbe ocupar cargos públicos, el «negocio familiar» prospera. Michelle y Carlos Bolsonaro obtuvieron escaños en la cámara alta, mientras que Jair Renan Bolsonaro y Renato Antonio Bolsonaro salieron elegidos para la cámara baja.
Flávio es, en cierto modo, una figura poco probable como abanderado de este auge de la derecha. Senador por el estado de Río de Janeiro, carece de la cómica amenaza y el talento para el espectáculo de su padre. Su candidatura también arrastra un bagaje considerable, de escándalos de corrupción de larga duración a vínculos documentados con las milicias criminales de Río. Está siendo investigado por la financiación de Dark Horse, una película biográfica heroica sobre su padre, y la policía está examinando una transferencia de 61 millones de reales vinculada a un antiguo magnate de las inversiones que podría constituir el mayor caso de fraude en el sistema financiero brasileño.
Pero ni esta letanía de acusaciones ni el desastroso historial del padre de Bolsonaro han podido frenar el ascenso de Flávio. El Brasil que Lula heredó cuando alcanzó por tercera vez la presidencia en 2022 había sido testigo de cómo la pandemia se cobraba la vida de 700.000 personas, mientras Bolsonaro restaba importancia al virus y retrasaba la distribución de las vacunas, la persecución de los pueblos indígenas respaldada por el Estado, con el Senado acusando a Bolsonaro de crímenes contra la humanidad, la destrucción acelerada de la Amazonía por parte de los intereses agroindustriales de la derecha, y el aumento de la escasez de alimentos entre 33 millones de personas, lo que volvió a situar a Brasil en el Mapa del Hambre de la ONU. Durante su mandato, el bolsonarismo lanzó un ataque a gran escala contra las instituciones democráticas del país y concluyó intentando aferrarse al poder mediante las fuerzas armadas.
Si comparamos esto con el historial de Lula en los últimos cuatro años, los recientes resultados electorales resultan desconcertantes. Desde 2023, Brasil ha registrado las tasas de pobreza y desempleo más bajas de su historia, además de los niveles más altos de gasto en programas sociales. La desigualdad de ingresos se ha reducido. El sistema tributario se ha modernizado y se ha hecho más progresivo. Se han implantado a gran escala prestaciones como la Bolsa Família y se han reconstruido gradualmente las instituciones democráticas. Lula se ha negado a ceder a las intimidaciones de la Casa Blanca, adoptando una postura firme contra los aranceles punitivos de Trump y aplicando una política exterior destinada a crear nuevos centros de poder en el Sur Global.
¿Por qué, entonces, tantos brasileños han optado por una segunda ronda de «bolsonarismo»? El manifiesto de Flávio ayuda a desentrañar el misterio. En él se esboza un camino «da proteção à autonomia», de protección a la autonomía. El ciudadano de a pie, dice, debe aprender a caminar «pelas próprias pernas», con sus propias piernas. Quiere dar «prioridad al trabajador, no al sindicato», convirtiendo a la gente corriente en propietarios y emprendedores. La dependencia del Estado se presenta como algo vergonzoso, algo de lo que hay que superar.
En un artículo publicado en Catalyst, el sociólogo René Rojas sostiene que la base social de la izquierda evolucionó desde los años 60 y 70 hasta la «Marea Rosa» de la década de 2000. En el primer periodo, los trabajadores industriales —que ejercían un inmenso poder sobre la producción— se organizaron de forma autónoma en sindicatos y partidos. El segundo periodo se produjo tras el cierre de fábricas y la expansión del trabajo informal, lo que dio lugar a una clase trabajadora más fragmentada, aún capaz de llevar a cabo grandes movilizaciones, pero con menor capacidad para arrancar concesiones duraderas al capital. Esto, escribe Rojas, empujó a los gobiernos de izquierda hacia un modelo más verticalista, en el que la redistribución se utilizaba para incorporar a la gente al Estado, en lugar de para construir poder popular.
Este proceso de integración nunca ha sido estable. Se abrieron brechas entre las comunidades indígenas y los trabajadores urbanos, entre las expectativas de las masas y las capacidades de los gobiernos. Y lo que es más importante, el fin del auge de las materias primas a finales de la década de 2000 —un período en el que las materias primas latinoamericanas eran muy codiciadas en el mercado mundial— socavó el crecimiento económico en todo el continente, ejerciendo una presión inmensa sobre los programas sociales. Rojas observa que, mientras que la izquierda clásica quedó destruida por las élites, la Ola Rosa fue abandonada progresivamente por su propia base. El lulismo volvió así al poder en la década de 2020 debilitado y mermado.
En cierto sentido, el voto a Flávio encaja con este análisis: el trabajador en descenso social, temiendo que el Estado del Bienestar no proteja su posición social, abandona la izquierda y se pasa a la derecha, viendo en esta última una fuerza de reempoderamiento. Sin embargo, esto es solo una parte de la historia. El bolsonarismo se extiende ahora mucho más allá de esta fracción de clase concreta, expresando un impulso antisistema que abarca a ricos y pobres, a ejecutivos de empresas y a trabajadores de la economía de trabajitos. La herramienta más eficaz para forjar esta coalición es el discurso de la «protección».
Uno de los pasajes más reveladores del manifiesto se centra en la cuestión del robo de teléfonos móviles. El teléfono es el lugar donde la gente corriente guarda sus fotografías, sus recuerdos y sus datos bancarios; es posible que dependan incluso de él para ganarse la vida. Pero hay una amplia gama de fuerzas —delincuentes, adictos, personas racializadas, comunistas— que quieren arrebatárselo. Es necesario trazar una frontera moral firme entre un grupo y otro. Y esa frontera debe reforzarse materialmente con vallas, prisiones y policía militar. Sólo así podremos separar a quienes realmente pertenecen a la comunidad nacional de quienes no. El manifiesto afirma que cualquiera que no se ajuste a las normas quedará «desconectado de la sociedad».
Ahí radica el atractivo perdurable de Bolsonaro para aquellas personas que no se han integrado de forma efectiva en el Estado construido por el PT. Este último les parece una fortaleza de ministerios, tribunales y organismos, una red de programas burocráticos alejados de su vida cotidiana. La imagen que Lula proyectaba de sí mismo como defensor de la democracia brasileña les parecía a muchos una simple promesa de proteger estas instituciones del establishment. El bolsonarismo, por el contrario, promete proteger al propio pueblo, erradicando los elementos ajenos que amenazan su seguridad y prosperidad. Su atractivo es más directo. Su énfasis en destruir a quienes no pertenecen a la nación parece tener mayor resonancia que la paciente construcción de una sociedad justa por parte del PT.
Así pues, nos encontramos ante una inversión llamativa. Lula, un antiguo metalúrgico y líder sindical que pasó años luchando contra el Estado, se ha identificado ahora con él, mientras que Bolsonaro, un político de carrera de dinastía, puede presentarse como su oponente. Cuando Bolsonaro describe al PT como débil ante la delincuencia, está haciendo una afirmación más fundamental sobre la incapacidad del gobierno democrático para ofrecer este tipo de protección. Este es un servicio que solo la extrema derecha, cómoda con la violencia y cercana a la propia criminalidad, puede proporcionar. Mientras que el «lulismo» utiliza el Estado para regular y redistribuir, el «bolsonarismo» lo esgrime como arma contra los enemigos internos.
La extrema derecha encarna esta mezcla única de orden y caos. El manifiesto de Flávio contiene un capítulo titulado «Brasil que Cumpre a Constituição», un Brasil que «obedece a la Constitución», lo que parece una provocación deliberada por parte de una facción política que intentó invalidar las últimas elecciones. El éxito de este proyecto refleja el hecho de que, tal como sostiene Rojas, la coalición electoral formada por la Marea Rosa se ha ido distanciando progresivamente de la izquierda a medida que el Estado se convertía en un vehículo para asimilar a los trabajadores, en lugar de fortalecer sus organizaciones autónomas. El bolsonarismo y sus aliados prometen ahora protección sin solidaridad, poder sin colectividad, seguridad sin bienestar —y estos mitos están calando hondo—.
Hoy en día, la izquierda le dice a la gente que el Estado les dará algo. La derecha les dice que el Estado castigará a quienes intenten quitarles lo poco que tienen. Es fácil entender por qué muchos brasileños consideran más creíble una de estas afirmaciones que la otra.
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