A las puertas de un nuevo ciclo político, Perú afronta un debilitamiento de sus instituciones. La pérdida de independencia judicial intensifica las denuncias sobre el avance de un modelo cada vez más autoritario.
- Jacqueline Fowks
Lima-
Independientemente de quien gane las elecciones generales en Perú —la hija de un dictador, Keiko Fujimori, o el candidato izquierdista Roberto Sánchez— seguirá el régimen autoritario que hace más de tres años lidera el fujimorismo desde el Congreso, aunque con un poder mayor porque ha abatido al Poder Judicial. Los jueces de garantía del equilibrio entre los poderes del Estado y del debido proceso caen por actuar de acuerdo a ley o porque en el pasado tomaron alguna decisión contra los Fujimori y su entorno. El Ministerio Público perdió la independencia en septiembre, y los principales fiscales anticorrupción que investigaron a la candidata presidencial y a sus aliados siguen siendo destituidos ilegalmente u hostigados judicial y mediáticamente.
El 28 de julio el cambio de gobierno tendrá como tela de fondo la captura o sometimiento de todas las entidades del Estado al poder fujimorista y a su aliado de extrema derecha, Renovación Popular, incluidas las fuerzas del orden que gozan de nuevas leyes de impunidad.
El alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, y las principales organizaciones de la sociedad civil de Perú han vuelto a pronunciarse recientemente contra una de las leyes que desde el año pasado pretenden blindar a la Policía y militares que hayan cometido delitos contra civiles.
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