Será en noviembre, dijeron a Página/12 en el Departamento de Estado
Plan Cóndor II: Trump prepara otra cumbre para coordinar la persecución de la izquierda
Milei estuvo en diálogo con Marco Rubio, quien está organizando la conferencia junto con el gobierno alemán. El Presidente volvió a hablar esta semana de una “alianza” entre la izquierda radical y el terrorismo islámico.
El Departamento de Estado prepara una nueva cumbre para discutir cómo perseguir a los movimientos de izquierda a los que califican como “terroristas”. El encuentro se prevé para el mes próximo en Alemania, confirmaron voceros de la cartera que conduce Marco Rubio, ante una consulta formulada por Página/12. En su primera edición en Washington, Javier Milei había enviado a dos funcionarios de alto rango: su canciller, Pablo Quirno, y el número dos de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), José Lago Rodríguez.
El 16 de julio pasado, Marco Rubio encabezó la conferencia sobre el resurgimiento del terrorismo político en la que participaron enviados de más de 60 países. El Departamento de Estado describió el encuentro como la conformación de una “coalición” contra la izquierda. En la apertura del evento, el titular del Departamento de Estado comparó su cruzada con la coordinación que funcionó en los años 70 y puso como ejemplo de organizaciones a Montoneros y Tupamaros. La base del éxito de esta nueva empresa, sostuvo Rubio, sería una vieja receta: el trabajo mancomunado de las fuerzas de seguridad y el intercambio de inteligencia. O sea, lo que ya existió en el Plan Cóndor.
Argentina, a través de los emisarios de Milei, tuvo un rol importante en el encuentro de julio. Según trascendió, Quirno fue uno de los oradores. Sin embargo, el canciller no dio a publicidad su discurso, a pesar del pedido expreso que hizo el diputado nacional Agustín Rossi, bajo el argumento de que estaba amparado por el secreto. Rossi encontró que no todos los países siguen esta lógica. La canciller de Georgia, Maka Botchorishvili, publicó su intervención en la que le agradece a Marco Rubio por poner el asunto del terrorismo en la cima de la agenda.
La SIDE le respondió al Frente de Izquierda y sus Trabajadores (FIT), que tiene como referente a Myriam Bregman, que toda la información relativa a la cumbre estaba alcanzada por la clasificación de seguridad y que si se difundía esa información podría comprometerse el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN). Según Cristian Auguadra, la única información pública era la que distribuía el propio Departamento de Estado.
La semana pasada, se conoció que el gobierno alemán había respondido a un pedido de informes que hizo Die Linke (La Izquierda) sobre la coordinación antiterrorista con Estados Unidos. Allí, las autoridades decían que estaban trabajando en un encuentro que se haría en otoño –o sea, antes del 21 de diciembre– en Alemania.
Página/12 remitió una consulta al Departamento de Estado. Voceros de ese organismo explicaron que la cumbre se hará en noviembre y que será coorganizada por Estados Unidos y Alemania. No precisaron cuál será la fecha, aunque es probable que sea después del 3 de noviembre, cuando en Estados Unidos se celebrarán las elecciones de medio término que serán una prueba de fuego para Donald Trump.
Milei pasó los últimos días en Estados Unidos. El jueves, mientras las fuerzas de seguridad reprimían la marcha en la que se pedía que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria (LFEU), Milei encabezó un acto en la embajada argentina en Washington en el que habló de una “alianza entre la izquierda radical y el terrorismo islamita”.
Al día siguiente, en los tribunales de Comodoro Py, aparecieron unas quince denuncias del Departamento de Investigaciones Antiterroristas de la Policía Federal Argentina (PFA). En un juzgado explicaron que se trataba de presentaciones que suelen hacerse en base a relevamientos que hace el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en redes sociales. Según las fuentes judiciales, no estarían vinculadas a actividades de ciberpatrullaje por la marcha.
El FBI tiene un vínculo estrecho con el Gobierno. La versión oficial es que el Centro Nacional Antiterrorismo (CNA) se creó en coordinación con esa agencia estadounidense y es el primero de su tipo en la región. El 7 de octubre, el FBI compartió en sus redes sociales que había una delegación argentina para llevar adelante un intercambio estratégico sobre contraterrorismo. Una publicación anterior del FBI en Miami especificaba que la comitiva estaba integrada por diez funcionarios del Ministerio de Seguridad, la SIDE, el Ministerio de Justicia y el Ministerio Público Fiscal (MPF).
El viernes, la Oficina del Presidente informó acerca de una comunicación telefónica entre Rubio y Milei en la que supuestamente se habló, entre otros temas, de “promover la seguridad compartida en todo el hemisferio”.
Cada tanto, Milei resucita la agenda antiterrorista. Semanas atrás, afirmó en una entrevista que había echado del país a 30.000 terroristas. La afirmación no encuentra sustento en ningún dato disponible. Es posible que el Presidente haya asociado –como suele hacerlo el propio Trump para justificar deportaciones masivas– personas que migran con graves delitos como pueden ser actos terroristas.
A fines de agosto, cuando los jefes de la SIDE debieron comparecer ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI), Lago Rodríguez admitió que no manejaban una hipótesis sobre extremismo de izquierda –como la que impulsa Rubio en Estados Unidos y saca a relucir cada tanto Milei en sus declaraciones públicas–.
Un relevamiento al cual accedió este diario mostraba que la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT), que depende de la Procuración General de la Nación, sostenía que hay 92 causas abiertas por tipos penales compatibles con estos casos. Hay fiscales, como Carlos Stornelli, que no esconden su alineamiento con la prédica oficial y emplean algunos de esos tipos penales contra quienes salen a protestar contra el Gobierno, como sucedió con los detenidos por manifestarse contra la Ley Bases o contra la reforma laboral.
El Gobierno introdujo un capítulo vinculado al terrorismo en el proyecto de “Defensa de la Soberanía Nacional”, que usó la causa Malvinas como caballo de Troya para promover una reforma integral del sistema de inteligencia, defensa y seguridad interior. De aprobarse, se creará por ley el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), que funciona desde el gobierno de Mauricio Macri.
Para que una persona o una entidad pase a integrar el RePET no es necesaria una condena penal; basta con una “sospecha razonable”. De esa forma, quienes son acusados por el Ejecutivo de estar vinculados al terrorismo pueden ser afectados de distintos modos: se inmovilizan sus bienes, se les prohíbe contratar con el Estado o recibir subsidios. En un documento que distribuyó esta semana, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que es una forma de “castigo administrativo”.
Hace un año, el Gobierno incluyó a la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu en el RePET. Las mujeres sufrieron múltiples afectaciones: se congelaron sus billeteras virtuales, se cancelaron las Asignaciones Universales por Hijo (AUH) y se cayeron pensiones por discapacidad. Meses atrás, relatores de Naciones Unidas advirtieron sobre la forma arbitraria en la que se maneja el RePET. Nada de esto parece corregirse con el proyecto oficial. El principal cambio es que pasará a depender directamente de la Unidad de Información Financiera (UIF), que es la que tiene contacto directo con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que es el que históricamente reclamó la adopción de la legislación antiterrorista que ahora tan bien le sienta a la administración de La Libertad Avanza (LLA).
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