Los sistemas públicos de pensiones mejoran a los privados, según un ránking mundial
Holanda y Dinamarca ostentan los mayores niveles de robustez financiera y solidez de los sistemas de retiro al término de la edad laboral, según el Índice Global de Pensiones que elabora la oficina en Melbourne de la consultora Mercer. Le siguen los modelos de Australia, por encima de los de los tres nórdicos: Finlandia, Suecia y Noruega. A España le da un aprobado justo. En el puesto vigesimocuarto, con un sistema bien estructurado, pero con riesgos de eficiencia y sostenibilidad.
La portavoz de Jóvenes Pensionistas hablando durante la manifestación del 16 de octubre en Madrid por las pensiones públicas. / MARÍA DUARTE
El estudio de la consultora Mercer se ocupa de la revisión y evaluación de los sistemas diseñados para dar cobertura al acceso de sus residentes en edad de retiro en el cobro de sus pensiones. En total, este diagnóstico engloba a 37 naciones que, pese a su reducido número, totalizan casi las dos terceras partes de la población mundial. En concreto, el 63%. Para determinar la nota de sus clasificaciones finales, emplea 40 indicadores métricos sobre los distintos activos y la salud de las finanzas de cada uno de los modelos que analiza. Y los puntúa según el código académico al uso en el mundo anglosajón. Es decir, desde la A, cualificación de excelencia, hasta la E, que obtiene una valoración muy deficiente.
De manera más específica supervisa en un primer bloque de parámetros, la idoneidad o suficiencia (adequacy) de los sistemas de pensiones. Entre los que incluye factores como la generación de beneficios, el diseño de su arquitectura, la capacidad de ahorro, el apoyo impositivo, el poder adquisitivo de los hogares o el crecimiento de sus activos. Al que concede el 40% de la calificación. El segundo estadio, al que supedita el 35% de la nota final, entra a valorar su sostenibilidad. Con parámetros como la cobertura de las pensiones, los activos totales de los que dispone cada sistema, las contribuciones, la demografía, la deuda del gobierno y el dinamismo económico del país. Finalmente, el tercer espectro de revisión es el que denominan “integridad” del modelo. Con aspectos como la regulación que lleva aparejada para su funcionamiento, la eficiencia de gestión, sus garantías de protección o los costes operativos y su estrategia de comunicación a la sociedad.
España se posiciona en el puesto vigésimo cuarto de este ranking
Con estas consideraciones encima de la mesa, la firma Mercer señala a Holanda y Dinamarca como los países en posesión de los mejores sistemas de pensiones del mundo. Son los únicos a los que engloba bajo el grado A. Esencialmente, por sus elevados niveles de seguridad financiera, que les hace acreedores de unas provisiones para el retiro más que adecuadas para satisfacer las necesidades de retiro de sus ciudadanos. Van “en primera clase” -dice el informe- que tilda sus modelos de “robustos”, que posibilitan “rentas y beneficios” excelentes, con estabilizadores idóneos en términos de sostenibilidad.
También evolucionan con un aparataje oficial -normas y salvaguardas y gestión gubernamental que evita futuros contratiempos. Evaluación: por encima del 80 sobre 100. Holanda, un 81, siete décimas por encima de su nota de 2018. Su modelo tiene una tasa-suelo de compromiso del sistema público al que se añade un mandato “obligatorio” de aportaciones adicionales vinculadas a acuerdos industriales y sectoriales. Mediante unos planes beneficiarios que se calculan por los ingresos medios de la vida laboral de cada persona que pasa a situación de retiro. Aun así, esboza líneas de mejora: la reducción de las deudas familiares y el aumento de la fuerza de trabajo. Porque -precisa- el envejecimiento social se acelera, como en la práctica totalidad de las naciones europeas. De Dinamarca dice que el compromiso de renta pública esencial es la base para inculcar beneficios suplementarios y destaca la fortaleza de sus estructuras de contribución y de sus planes de cotización durante el periodo ocupacional. En la nota danesa se produce un ligero aumento -de una décima, hasta los 80,3 puntos, con respecto a 2018. Cota que podría mejorar si la capacidad de ahorro de las familias se eleva y se reducen su endeudamiento, si se protegen los intereses de las partes en situaciones de divorcio y si se fortalece la tasa de empleo entre los trabajadores en edad próxima al retiro.
El modelo español
España se posiciona en el puesto vigésimo cuarto de este ranking. En un grupo de diez países a los que califica como C, con valoraciones entre 50 y 60 puntos. En los que incorpora a sistemas con buenos soportes financieros, pero con notables riesgos a corto plazo si no afrontan reformas que incentiven su eficiencia y con tensiones razonables sobre su sostenibilidad a largo plazo. El modelo español -explican los expertos de Mercer- tiene una “escasa aportación voluntaria” de los trabajadores durante su periplo laboral, y el grado de cobertura de las pensiones públicas es baja. Piden por ello que se aumenten las coberturas de los empleados y el nivel de los activos y de las contribuciones de las pensiones, incentivar la masa laboral, especialmente la escala de los trabajadores próximos a la jubilación para contrarrestar el repunte de las expectativas de vida y fomentar el ahorro familiar. Mejora tres décimas sobre 2018: del 54,4 al 54,7; especialmente, por el bloque de sostenibilidad, que cataloga de muy deficiente, con la letra E. Frente al notable (B) de los dos otros. Exactamente, recibe un 70 en idoneidad, un 69,1 en integridad y un 26,9 en sostenibilidad.
Australia, con una triple fuente de generación de pensiones -una renta mínima gubernamental, aportaciones individuales ampliamente asentadas en la cultura laboral y planes privados que se gestionan fundamentalmente por las empresas donde desarrollan su periplo profesional- es el tercero en discordia. Es el notable alto: B+. Aunque aconseja al Ejecutivo australiano aumentar la base de su aportación. El sigue el bloque nórdico -Finlandia, Suecia y Noruega- en un grupo al que otorga la calificación B y que está integrado mayoritariamente por naciones con Estados del Bienestar públicos, como Irlanda, Suiza y Alemania. Otros, como Canadá o Nueva Zelanda, con garantías estatales -renta mínima, más cálculo con revalorizaciones adicionales en función del incremento de ganancias a lo largo de la vida laboral-, además de contribuciones personales y planes de ahorro privados. También Singapur, donde el sistema lo gestiona un fondo oficial, de carácter institucional, el de Provisión Central (CPF, según sus siglas en inglés) cuyos recursos cubren a todos los residentes que hayan cotizado en este centro financiero. Los beneficiarios están habilitados para retirar ahorros para adquisición de vivienda o gastos médicos, entre otras prescripciones. La ciudad-Estado aporta una cantidad mínima para acceder a las prestaciones por jubilación. Una especie de gratificación -llamada lifetime income- que tiene como objetivo canalizar los primeros momentos del paso hacia el retiro laboral. Y no es la única medida de cobertura gubernamental. Porque, además, aprobó en 2016 elevar la pensión mínima.
Chile, con muchos problemas
En este compendio aparece Chile, con marcado cariz privado. En el país sudamericano tiene un modelo de gestión que se delega a un reducido número de las denominadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), a partir de contribuciones de empleados a planes individuales. El diagnóstico de Mercer achaca la sostenibilidad a la salud financiera y de los índices bursátiles, demanda una aportación mínima para las personas con menor poder adquisitivo, retrasar la edad de retiro y establecer unos mejores cauces de comunicación y de transparencia sobre la evolución anual de las pensiones a sus autoridades políticas. Su valoración está en descenso. Sólo seis décimas en el tránsito entre 2018 y 2019, pero el sistema chileno ha ocupado el top-ten en años recientes; con más exactitud, durante los ejercicios de mayor dinamismo económico y efervescencia bursátil del actual ciclo de negocios global, surgido con fórceps mediante planes de estímulos fiscales públicos y monetarios -todos multimillonarios- de la crisis de 2008 y que, ahora, parece tocar a su fin. De hecho, en la actualidad, desde varios movimientos sindicales y sociales, se ha vuelto a reclamar la nacionalización del modelo. Aducen la cada vez más patente pobreza de las pensiones surgidas de los planes de contribución definida o DC. Y exigen la vuelta al sistema de comienzos de los años ochenta, basado en el principio de pay as you go (PAYG). Desde 2016, las protestas se han sucedido por las principales ciudades del país. No más AFP’s es su lema. Bajo una premisa esencial: la tasa de reposición, sustitución o reemplazo, que de todas estas formas se denomina, es de apenas el 38%; una cota aún peor para las mujeres que apenas recibirán el 28% de su salario previo a la jubilación. Aunque organismos como la OCDE presagian que esta cuota alcanzará el 70% de la capacidad retributiva. Pese a la baja aportación media de los trabajadores durante su vida laboral a sus planes de pensiones.
Anteceden al grupo de España, los sistemas de pensiones del Reino Unido, Hong-Kong, EEUU, Malasia y Francia. Todos, con C+. A Londres le pide más flexibilidad para acceder a los fondos en caso de necesidades familiares y a Washington, elevar las pensiones mínimas y retardar la edad de retiro para acceder a la jubilación federal, así como la edad mínima para beneficiarse de los planes privados. La Administración Trump baraja usar los fondos de pensiones en su guerra comercial con China. Entre las restricciones que sopesa frente al régimen de Pekín ha salido a la palestra la opción de que el fondo de pensiones de empleados públicos, que gestiona el Comité Federal de Inversiones para el Ahorro del Retiro (FRTIB, en inglés) retire de sus carteras de inversión vinculadas al MSCI, el indicador mundial que aúna a los principales índices bursátiles la evolución de las bolsas chinas. A pesar de que este fondo tiene en la actualidad -desde 2017 y hasta 2020- capitales comprometidos con índices de mercados chinos englobados en el MSCI, según informa Business Insider.
El estudio llama la atención sobre el fenómeno del envejecimiento poblacional. Casi uno de cada cinco personas en todo el mundo pasará a la edad de retiro en 2070, frente al 9% de este año, según datos de Naciones Unidas. “Los sistemas de pensiones se enfrentan a una impredecible esperanza de vida y al aumento de las presiones sobre los recursos públicos para garantizar los modelos sanitarios y el bienestar de sus ciudadanos de edad avanzada”, asegura David Knox, el autor del informe y socio de Mercer. “Es imperativo que las autoridades políticas reflejen tanto las bondades como las debilidades de sus sistemas e incorporen medidas y fuentes financieras suficientes para fortalecer y consolidar los modelos de retiro en el futuro”.
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