PRESIDENCIA DEL TENIENTE CORONEL RETIRADO HUGO CHÁVEZ FRÍAS (1999-2001)
Hugo Chávez Frías recibe la Banda Presidencial, el 2 de febrero de 1999, de manos del recién electo presidente del Congreso Nacional, el coronel retirado Luis Alfonso Dávila, ya que el presidente Rafael Caldera no quiso colocársela él mismo, y esto fue interpretado como un símbolo. Chávez, por su parte, juró sobre la «Constitución moribunda» de 1961, haciendo alusión a que se iniciaba un proceso constituyente que conduciría hacia la redacción de una nueva constitución, de acuerdo con lo que fue su oferta electoral básica.
Es necesario recordar que por decisión del Consejo Supremo Electoral (CSE) de entonces, las elecciones de diputados y senadores al Congreso Nacional, así como gobernadores y alcaldes, tuvieron lugar en noviembre de 1998, un mes antes de las presidenciales, y en ellas fue ostensible el crecimiento electoral de las fuerzas que respaldaban la candidatura de Chávez, por ello el Congreso Nacional fue presidido por uno de sus seguidores. Entonces, también, la fuerza regional de AD y Copei bajó en relación con años anteriores, pero todavía era consistente. También, conviene señalar que la abstención en las elecciones presidenciales del 6 de diciembre de 1998 fue 36,54 por ciento, experimentándose una leve baja en relación con el 39,84 por ciento de las presidenciales de 1993. No obstante la baja, los niveles de abstención seguían siendo muy altos, lo que habla de una falta de entusiasmo por parte de un sector considerable de la población. Como veremos, estos niveles se mantuvieron en elecciones sucesivas.
Las elecciones regionales de noviembre de 1998, ya reflejaron un cuadro distinto en relación con las de 1995. AD perdió varias gobernaciones, conservando 7, Copei mantuvo 4, el MAS 3, el MVR obtuvo 2, el PPT 2, Proyecto Venezuela, Convergencia y La Causa R 1 cada uno. Estos comicios ya anunciaban lo que vendría un mes después.
Asamblea Constituyente (1999)
El 25 de abril de 1999 tuvo lugar un Referéndum Consultivo Nacional que invitaba a responder a una pregunta con un sí o un no. La pregunta fue: ¿Convoca usted una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento efectivo de una democracia social y participativa? Participó el 37,65 por ciento de los electores, y se abstuvo el 62,35 por ciento. De los que participaron, el 87,75 por ciento dijo que sí. De inmediato se convocó a elecciones para elegir a los diputados de la Asamblea Nacional Constituyente. Los comicios tuvieron lugar el 25 de julio de 1999, con el sistema nominal, y fue por ello que la mayoría de los electos, salvo seis diputados, eran afectos al gobierno, ya que el sistema nominal abolía el sistema proporcional de las minorías, produciendo un extraño cuadro, en el que cerca del 40 por ciento de la población votó a favor de los candidatos de la oposición y, sin embargo, obtuvo el 5 por ciento de los escaños (6), mientras el 60 por ciento a favor del gobierno obtuvo cerca del 95 por ciento de los diputados (125). A todas luces, la representación no reflejó la voluntad nacional en su exacta dimensión. En todo caso, constituida la Asamblea Nacional Constituyente, y presidida por Luis Miquilena, la redacción de la nueva constitución comenzó de inmediato.
La Asamblea Nacional Constituyente, haciendo uso de la soberanía que en ella había depositado el pueblo, intervino el Poder Judicial y, también, el parlamento que había sido electo en noviembre de 1998. La llamada «Reforma Judicial» comenzó a desarrollarse, causando convulsiones internas de gran peso, sin que todavía pueda sentirse que el Poder Judicial ha mejorado en relación con el que entonces imperaba. En otras palabras, la reforma de fondo sigue pendiente. El 30 de agosto de 1999 la Asamblea decreta una «emergencia legislativa» y suspende toda actividad del Congreso Nacional electo en 1998, pero será el 27 de diciembre del mismo año cuando la Asamblea Nacional Constituyente haga cesar el mandato del Congreso Nacional electo en 1998. Quedaba, pues, disuelto el Congreso Nacional. A partir de entonces, y hasta la elección de la Asamblea Nacional bajo la nueva constitución, funcionó el llamado popularmente «Congresillo», que estuvo seis meses en funciones, entre enero y agosto de 2000, funcionando como una suerte de comisión delegada, integrada por 21 miembros. Todos estos cambios tuvieron lugar en medio de las más enconadas protestas de la oposición, y dentro de un clima de grandes tensiones en el país.
La Constitución Nacional de 1999
La Constitución Nacional de 1999 introduce cambios importantes en relación con la de 1961. Desaparece la bicameralidad del parlamento, y pasa a llamarse Asamblea Nacional, con una sola cámara. Los militares adquieren la posibilidad de votar. El período presidencial se extiende a seis años con una reelección inmediata, mientras el período de los diputados se mantiene en cinco años, hasta con dos reelecciones inmediatas. A los gobernadores y alcaldes se les extiende el período a cuatro años con reelección. La democracia que persigue el texto constitucional deja de ser Representativa y pasa a ser Participativa y Protagónica. Se debilita el control civil sobre el estamento militar al despojar al Poder Legislativo del análisis de los ascensos militares. Se establece la posibilidad de convocar a Referéndum Revocatorio a mitad de mandato de todos los cargos electos por voluntad popular y, además, la República pasa a llamarse República Bolivariana de Venezuela. A los clásicos tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), la Constitución le sumó el Ciudadano y el Electoral. El primero está integrado por la Fiscalía General, la Contraloría General y la Defensoría del Pueblo. Por otra parte, la carta magna creó la figura del Vicepresidente Ejecutivo, designado por el Presidente de la República.
El Referéndum en el que se consultó sobre la aprobación o no de la nueva Constitución Nacional tuvo lugar el 15 de diciembre de 1999, en medio de la tragedia de Vargas. La abstención fue del 55,63 por ciento según datos oficiales del CNE, de modo que el 44 por ciento de los electores aprobaron con 71,78 por ciento la Constitución mientras el 28,22 por ciento dijo No.
Elecciones 2000
Sobre la base del nuevo texto constitucional se convocaron a elecciones presidenciales, de gobernadores y alcaldes, y de diputados a la Asamblea Nacional el 30 de julio de 2000. La oposición halló en el gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, él contrincante de Chávez. Se dio la circunstancia que los dos candidatos que polarizaron los comicios eran hijos de la intentona golpista del 4 de febrero de 1992. Cifras muy similares a las de 1998 arrojaron las elecciones: Chávez 59,76 por ciento, Arias Cárdenas 37,52 por ciento, Claudio Fermín 2,72 por ciento. La abstención ascendió a 43,69 por ciento. En el universo regional el cuadro cambió notablemente: el MVR obtuvo 11 gobernaciones, el MAS 4, el PPT 2, lo que sumaba un total de 17 gobernadores a favor del gobierno. AD alcanzó 2, Proyecto Venezuela 1, Copei 1, Convergencia 1, y Un Nuevo Tiempo 1. Permanecían los liderazgos locales, y desaparecían los menos fuertes. La Asamblea Nacional estaría a partir de ahora compuesta por el 44,38 por ciento de diputados de los partidos de gobierno, el 16,11 por ciento de AD, el 6,94 por ciento de PV, el 5,10 por ciento de Copei, el 5,03 por ciento del MAS, entre otros. A todas luces, venía construyéndose una nueva hegemonía política, integrada por las fuerzas afectas al proyecto político del presidente Chávez.
En la Alcaldía Mayor era elegido Alfredo Peña con el apoyo del MVR. Este partido, por cierto, fue creado con motivo de la contienda electoral de 1998, después de que Chávez se convenció de que el camino para llegar al poder era electoral. El Movimiento V República (MVR) alude desde su denominación a la llegada de la V República. Las cuatro anteriores fueron, según esta tesis, las siguientes: La República de 1811, que se pierde en 1812; la República de 1813, que se pierde en 1814; la República de Colombia en 1819, que se pierde con la separación en 1830, y la cuarta, que funda el general Páez en 1830 y que, según la versión oficial, sería sustituida por la V República, nacida en 1999.
Habiéndose juramentado Chávez de nuevo el 19 de agosto de 2000, el Tribunal Supremo de Justicia dictaminó el 4 de abril de 2001 que el período de seis años comenzaba el 10 de enero de 2001. Así fue: el sexenio se inició ese día, y concluiría en enero de 2007, con elecciones presidenciales en diciembre de 2006.
PRESIDENCIA DEL TENIENTE CORONEL RETIRADO HUGO CHÁVEZ FRÍAS (2001-2007)
Comienza un nuevo período presidencial de seis años con los precios del petróleo en franca recuperación. Son varias las causas que los analistas han apuntado como explicación al aumento de los precios a partir de 1999, muy similares a las esgrimidas para los aumentos de 2004,2005 y 2006, cuando el precio del crudo llegó a sus más altos niveles en la historia. En todo caso, si el precio promedio del barril de petróleo venezolano fue de 20,25 $, lo que significaba un aumento en relación con años anteriores, en particular con los años 1997 y 1998 donde cayó por debajo de los 10 $ por barril, este incremento le permitió al gobierno engrosar las reservas internacionales, y contemplar planes de mayor intervención estatal en la economía, ya que se contaba con mayores recursos para ello.
La Asamblea Nacional a solicitud del Ejecutivo aprobó una Ley Habilitante para poder legislar promulgando cerca de 49 leyes. Entre ellas la de Tierras y la de Hidrocarburos. La oposición, muy debilitada en sus estructuras partidistas, se compactó alrededor de la fuerza sindical de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), presidida por Carlos Ortega, y Fedecámaras, presidida por Pedro Carmona Estanga, y los medios de comunicación social adversos al proyecto político del gobierno. El 10 de diciembre tuvo lugar un Paro General convocado por ambas organizaciones y el respaldo de la población fue significativo. Luego, el 23 de enero de 2002, con motivo de la celebración de los 44 años de la caída de la dictadura militar de Pérez Jiménez, la oposición organizó una marcha multitudinaria, en la que se recogía un consistente descontento de parte de un nutrido sector de la población en contra de la política del gobierno.
El ambiente político nacional venía caldeándose por distintos frentes. La crisis avanza hacia un desenlace. Se formula un acuerdo nacional por parte de diversos sectores y el gobierno no forma parte de él. La gerencia meritocrática de Pdvsa se rebela ante la nueva Junta Directiva de la empresa, presidida por Gastón Parra Luzardo, aduciendo que se viola el principio de no politización de la compañía. El 4 de abril se inicia un paro de actividades. La CTV se suma al paro el 9, después de que el 7 el presidente Chávez despidiera por televisión, y usando un pito de árbitro, a la plana mayor gerencial de la empresa. Este hecho, nunca antes visto en nuestra historia, fue reconocido por el propio Chávez, en entrevista publicada con Marta Harnecker, como un exceso inexcusable y, sin duda, contribuyó con que se sumaran al paro sectores que habían permanecido al margen de la situación. El 8 y el 9 el gobierno insiste en que la situación del país es normal, pero la calle y los medios de comunicación dicen algo distinto.
11 de abril de 2002
La marcha convocada por todos los sectores de oposición parte del parque del Este, en Caracas y se espera que concluya en Chuao, en una de las sedes de Pdvsa. La concentración alcanzó, según cifras autorizadas, cerca del millón de personas, que se dispusieron a llegar hasta el Palacio de Miraflores, con el objeto de presionar al gobierno. El presidente Chávez, desde la sede del poder Ejecutivo, ordenó la activación del Plan Ávila, protocolo militar defensivo, diseñado para enfrentar situaciones de alta peligrosidad. El general encargado de recibir la orden del Presidente desatendió la instrucción, con lo que la cadena de mandos se deshizo y el Comandante en Jefe de la Fuerza Armada, el Presidente de la República, quedó desautorizado. Mientras tanto, los enfrentamientos armados en las inmediaciones del Palacio Presidencial iban dejando su saldo de alrededor de 20 muertos y más de cien heridos.
El no acatamiento de la orden presidencial de implementar el Plan Ávila desata una crisis militar a partir de la tarde del 11 de abril. En la madrugada del 12 el ministro de la Defensa y general de Tres Soles, Lucas Rincón Romero, le informa al país por cadena de televisión, que el Alto Mando Militar le ha solicitado la renuncia al Presidente de la República y este ha renunciado, y que ellos mismos ponen sus cargos a la orden. No obstante lo afirmado por el general Rincón, la renuncia escrita y firmada por parte del presidente Chávez no había tenido lugar. Al parecer, el Presidente estuvo decidido a hacerlo, pero exigió que se le permitiera salir del país con su familia y allegados, pero los generales reunidos en Fuerte Tiuna no accedieron a la petición, y prefirieron dejarlo detenido en el territorio nacional, a la orden de la custodia militar. Ai no recibir respuesta afirmativa a sus peticiones, Chávez no firmó la renuncia, con lo que creaba un problema constitucional del que no se advirtió su magnitud, ya que al no hacerlo, y no haber abandonado el país, no podía invocarse su abandono del cargo como expresión de renuncia.
En este limbo constitucional, asumió la Presidencia de la República, sin que nadie lo hubiera elegido para ello, el presidente de Fedecámaras, Pedro Carmona Estanga. Desde el Palacio de Miraflores disolvió a la Asamblea Nacional y al resto de los poderes públicos, rodeado por el Alto Mando Militar que había desatendido las órdenes de implementación del Plan Ávila. La situación era a todas luces inconstitucional. La carta magna dice que ante ausencia del Presidente de la República asume el Vicepresidente, que entonces era Diosdado Cabello, y este estaba obligado a convocar a elecciones en treinta días. Si el Vicepresidente no asume por cualquier motivo, la soberanía popular pasa a la Asamblea Nacional que, como ocurrió en el pasado, podría haber tomado la determinación de designar a un presidente interino y convocar a elecciones. Nada de esto ocurrió. Por el contrario, Carmona Estanga incurrió en una extralimitación inconstitucional, sobre la base de la información dada por el general Rincón, en la que informaba de la renuncia del Presidente de la República.
El general Raúl Baduel, al mando de fuerzas leales al gobierno en Maracay, comenzó a presionar para que se respetara el hilo constitucional, y los generales que habían roto la línea de mando no hallaron mejor restitución del hilo constitucional que aceptar el regreso del presidente Chávez al poder. Entonces fue traído desde la base naval de la isla de La Orchila y le fue entregada la Presidencia de la República por parte del vicepresidente, Diosdado Cabello. Este hecho, por cierto, es muy discutido por constitucionalistas, ya que señalan que una vez asumida la Presidencia por el Vicepresidente, no es posible retornarla de la manera en que se hizo, sino mediante otros pasos constitucionales no previstos. El 14 de abril Chávez retorna al Poder Ejecutivo ante el desconcierto de la oposición y la alegría de sus seguidores.
El 14 de agosto de 2002 el Tribunal Supremo de Justicia dictó sentencia en torno a los hechos, indicando que no había tenido lugar un golpe de Estado sino un vacío de poder. Sin embargo, en 2005 la sentencia se hizo revisar, una vez que la correlación de fuerzas en el Tribunal varió, y la sentencia fue anulada, apoyándose el criterio del Ejecutivo de que se trató de un golpe de Estado y no de un vacío de poder. Los muertos se los atribuyen unos a otros. El gobierno inculpa a la Policía Metropolitana, entonces al mando del alcalde Alfredo Peña, mientras la oposición inculpa a fuerzas militares y francotiradores apostados en azoteas de edificios aledaños al Palacio de Miraflores. En todo caso, la Comisión de la Verdad que se buscó crear no se conformó como tal, y será difícil que los hechos se esclarezcan en el futuro. Fue una jornada dolorosa para el país, una crisis a la que se llegó por evidentes deficiencias del liderazgo político de quien estaba en condiciones de evitarla.
El regreso de Chávez al poder lejos de conjurar la crisis la potenció. A la Plaza Altamira comenzaron a llegar militares activos y retirados a pronunciarse en contra del gobierno, mientras este formaba parte de una comisión presidida por el Secretario General de la OEA, César Gaviria, y representantes del gobierno y de la oposición. Los pronunciamientos de la Plaza Altamira fueron acompañados durante estos meses de 2002 con marchas y manifestaciones que hacían evidente el multitudinario apoyo de la oposición. Los resultados de la Comisión negociadora de la OEA no satisficieron al gobierno ni a la oposición. Quizás esto ocurrió porque se esperaba más de lo que ella podía dar.
Paro petrolero 2002-2003
El 2 de diciembre de 2002 comenzó un Paro Petrolero que buscaba la renuncia del Presidente Chávez, pero después de 62 días, esto no ocurrió. Al Paro Petrolero se sumó casi toda la industria nacional. La crisis era generalizada. La escasez de gasolina se tornó crónica, hasta que el gobierno pudo retomar la industria petrolera a finales de enero de 2003 y despidió a cerca de 20 mil trabajadores que se habían sumado al llamado de la huelga. Entre tanto, el país se dividía cada vez más, llegando a polarizarse de manera nunca antes vista. Los niveles de popularidad de Chávez habían bajado ostensiblemente. La oposición buscaba adelantar un Referéndum Revocatorio, pero este solo pudo convocarse de acuerdo con lo pautado por la Constitución Nacional para agosto de 2004. El gobierno buscaba ganar tiempo.
Las misiones 2003
Confesó el presidente Chávez por televisión que un encuestador de una firma norteamericana contratada por él, le señaló que si no hacía algo perdería el Revocatorio. Quizás por ello se diseñaron las Misiones y comenzaron a desarrollarse a mediados de 2003. Este sistema busca resolver cuellos de botella que la propia ineficacia burocrática del Estado va creando con el tiempo. La Misión Robinson, que enseña a leer y escribir a los analfabetos, es un reconocimiento de que el sistema educativo nacional ha fallado en este cometido. La Misión Ribas, que permite cursar la escuela primaria en tiempo reducido, reconoce que la deserción escolar sigue siendo altísima en el país. El programa Barrio Adentro, adelantado con médicos cubanos, es una aceptación tácita de que el sistema nacional de salud no funciona eficientemente. Otros programas, como la Misión Mercal, buscan abaratar los productos alimenticios de la dieta diaria a través de una cadena de comercialización pública, sin márgenes de ganancia. Otras misiones, como Vuelvan Caras o Sucre, nacen de esta necesidad de hacerle llegar al pueblo bienes que de otra manera es difícil que lleguen hasta los más necesitados. Por otra parte, la necesidad y aceptación de las Misiones ha sido un reconocimiento a la urgencia con que se requiere una reforma del Estado, que lejos de mejorar se hace cada vez más inoperante.
Referéndum Revocatorio 2004
Con mejores índices de popularidad, reflejados por las encuestas, el Referéndum Revocatorio tuvo lugar el 15 de agosto de 2004, y el resultado entregado por el CNE arrojó un 59,06 por ciento a favor de la permanencia de Chávez en el gobierno y un 40,64 por ciento en contra. Un sector mayoritario de la oposición denunció un fraude electoral, pero hasta ahora no ha podido demostrarlo. El Centro Carter avaló la limpieza del proceso comicial. La desmoralización de la oposición fue total.
Elecciones regionales 2004
Con la sensación de haber sido víctimas de un fraude electoral la mayoría de la oposición se abstuvo de participar en las elecciones regionales de octubre de 2004, entregándole a las fuerzas políticas del gobierno 22 de las 24 gobernaciones y la mayoría de las alcaldías. La abstención fue enorme. La oposición siguió denunciando infructuosamente un fraude electoral o la inexistencia de condiciones mínimas para asistir a los comicios. El proyecto hegemónico, nunca desmentido por Chávez, daba un paso hacia delante.
Elecciones de la Asamblea Nacional 2005
Para las elecciones parlamentarias de diciembre de 2005 la desconfianza de la oposición en el CNE no solo se mantuvo sino que se incrementó. Esto condujo a que los partidos de la oposición no presentaran candidatos a diputados a la Asamblea Nacional, produciéndose así la más alta abstención registrada en la historia del país, alcanzando cifras cercanas al 80 por ciento. La conducta de la oposición buscaba la deslegitimación del Poder Legislativo, ya que en ningún país del mundo funciona un parlamento en el que solo están representadas las fuerzas que apoyan al gobierno, pero así es en Venezuela. A todas luces, los diputados de la Asamblea Nacional representan a un sector de la población, dándose así el caso de quedar amplios sectores nacionales al margen de las decisiones que toma el Poder Legislativo.
Esta situación afecta notablemente el equilibrio democrático entre los poderes públicos, ya que el poder que por antonomasia recoge la variedad nacional solo expresa a un sector de ella. Este cuadro es consecuencia de la ruptura que pervive en el país, ya que la nación se haya dividida en dos sectores cuyos vasos comunicantes son poco eficientes. Así se expresa la crisis política que vive Venezuela desde que el sistema de partidos políticos y de convivencia democrática se rompió, y no se ha establecido un sistema alternativo, más allá de la coexistencia de dos países en un mismo territorio.
Elecciones 2006
En este cuadro de crispación nacional en el año electoral de 2006 se dirimió la escogencia del candidato de oposición entre Teodoro Petkoff, Julio Borges y Manuel Rosales, decidiéndose la candidatura a favor del gobernador del Zulia. El candidato-presidente Chávez ganó los comicios con cerca del 62,89 por ciento de los votos, mientras Rosales obtuvo 36,85 por ciento. Cifras muy parecidas a las arrojadas por las elecciones presidenciales de 1998 y de 2000, lo que indica la partición del electorado en dos toletes casi inamovibles. El período presidencial a ejercer el presidente Chávez se inicia en 2007 y concluye en 2013, de acuerdo con lo pautado por la Constitución Nacional de 1999.
CONCLUSIONES
Aunque el período histórico que trabajamos no incluye los trescientos años de la provincia española que fue Venezuela, la huella de esta etapa en nuestra formación como nación es evidente. Son muchos los elementos culturales y sociológicos que se fueron constituyendo en estos tres siglos, y que forman parte de la venezolanidad. A los efectos de esta historia política señalaremos dos, que perfectamente pueden ser considerados contradictorios.
La trama jurídica provincial, el llamado Derecho Indiano, instituyó un poder local bastante más considerado por la Corona de lo que suele reconocerse. Me refiero al cabildo, ámbito en el que los terratenientes del patio, y otros criollos con poder, ventilaban sus asuntos, y gobernaban sobre ellos mucho más de lo que cierta historiografía admite. Estos criollos reunidos en cabildo durante los años provinciales serán los que en el momento de la independencia den el paso hacia la república. En el conjunto, preponderaba el civil sobre el caballero de armas, y ello se verá reflejado en los sucesos del 19 de abril de 1810, que fueron el preámbulo del 5 de julio de 1811, fechas ambas de mayoritaria sustancia civil y jurídica, no en balde el doctor Juan Germán Roscio será el redactor fundamental de la primera Constitución Nacional.
Si bien es cierto que ningún criollo fue designado máxima autoridad de la provincia, y siempre se envió un peninsular para ejercer el cargo, no es cierto que los criollos vegetaban a las órdenes del Gobernador o Capitán General, y tampoco lo es que este hacía lo que le venía en gana, escapando a un marco jurídico; los juicios de residencia con que se evaluaba la actuación de estos gobernantes son prueba de ello. La anotación anterior sobre el papel del cabildo tiene mucha importancia, ya que los cabildantes provinciales serán los mismos que defiendan la descentralización del poder frente a la corriente centralista e, incluso, serán los mismos que se avengan circunstancialmente con formas constitucionales que incluyen tanto el centralismo como la descentralización.
El otro elemento que fue cocinándose a lo largo de los siglos provinciales será el del caudillo, el mito del hombre fuerte y providencial. En la conformación de este mito hispanoamericano, calificados autores han señalado que probablemente su origen se encuentre en los setecientos años de colonización musulmana en la Península Ibérica. Recordemos entonces que muchos de los primeros españoles que llegaron a estas tierras eran andaluces, y difícilmente la estructura mental del caudillo no anidaba en sus psiques. En cualquier caso, conviven dos elementos contradictorios en la maleta de la herencia provincial española: la institución dialogante del cabildo, y la imperativa del caudillo, del que se coloca al frente de una hueste y busca imponer su voluntad.
A lo largo de la etapa de formación de la República de Venezuela, entre 1811 y 1830, previa al período que estudiamos, se hace evidente que la tensión entre estos dos elementos llegó a tener características de dicotomía, reflejándose el conflicto en los textos constitucionales y en el forcejeo entre el Libertador, desde Bogotá o el campo de batalla ecuatoriano-peruano-boliviano, y los venezolanos que hallaron en el general Páez un abanderado de la descentralización, pero con rasgos personales caudillistas. Bolívar buscaba centralizar, y hacía de la Constitución de Bolivia su proyecto político, con presidencia vitalicia incluida, y los venezolanos paecistas buscaban la separación de Colombia la grande, y abogaban por formas parlamentarias de ejercicio del poder, sin que por ello dejaran de seguir la fuerza de un caudillo militar.
Esta tensión se resolvió a favor de Páez y el intento de creación de una república, con alternabilidad electoral, no reelección inmediata, libertades económicas, y separación de poderes. No obstante, diversos factores fueron atentando contra la institucionalización de un sistema republicano, y la alternabilidad en el poder se tradujo en que durante diecisiete años los generales Páez y Soublette se alternaron en el mando, con las breves excepciones civiles de Vargas y Narvarte. Finalmente, entre forzado por las circunstancias y convencido de la necesidad de hacerlo, el caudillo Páez le abre las puertas de la presidencia de la república a José Tadeo Monagas. A partir de entonces la Venezuela del siglo XIX pasará de manos de un caudillo a otro, se sumergirá en prolongadas guerras hasta que otro hombre fuerte, el general Antonio Guzmán Blanco, domine el espacio durante dieciocho años. Pero será el general Juan Vicente Gómez el que acabe con el caudillismo, como muchas veces se ha señalado, pero no solo porque llevó al exilio, la cárcel o la muerte a quienes lo adversaban, sino porque creó un Ejército Nacional, institución que no pudo constituirse durante el siglo XIX , y que al no hacerlo dejaba al país a merced de la voluntad de los hombres a caballo y de armas, que buscaban el poder denodadamente. Treinta y nueve alzamientos o revoluciones contabilizó entre 1830 y 1903 Antonio Arráiz en su libro Los años de la ira . Será Gómez el último caudillo y el primer dictador, ya que será el primero que disponga de un Ejército Nacional.
En medio de tan persistente escaramuza guerrera es difícil que «la República» de Venezuela llegara a constituir instituciones republicanas, y ante la debilidad o ausencia de estas, se erigió la figura del caudillo, ya constituido en mito. Además, de la mano del mito del caudillo fue conformándose otra suerte de confusión paralela: la de creer que el hombre de armas estaba en condiciones de gobernar. Este cortocircuito se acentuó todavía más con la creación de un ejército profesional a partir de 1911, ya que el militar recogió en su seno el mito del caudillo, a la par que fue instituyendo unas prácticas que se tornaron en creencias populares. Me refiero a la disciplina, el orden, la obediencia debida, la verticalidad del mando, que fueron asentándose como valores fundamentales para el ejercicio del poder civil, cuando provenían de fuente militar.
Para 1928, los militares sin estudios y de campaña espontánea tenían noventa y ocho años gobernando el país, con brevísimos paréntesis. Ese año se alzó la primera generación civil que buscaba la construcción de una Venezuela democrática y, en su mayoría, estos jóvenes eran, además, socialistas. De modo que el proyecto de la democracia nacional nace de la izquierda, y después se va macerando en toneles de la socialdemocracia o de la democracia cristiana, pero su origen es ese, mientras las formas teóricas del liberalismo económico fueron acogidas por Gómez y López Contreras con igual énfasis, hasta que Medina Angarita introdujo algunos matices, que incluso apoyaban los líderes de la Acción Democrática de entonces. Para mayor contradicción, la democracia venezolana va a llegar de mano de una combinación civil-militar que llevó al poder a los muchachos socialistas de 1928, que entonces blandían lanzas en contra del imperialismo y buscaban otras formas de desempeño económico en la sociedad.
Vuelto el péndulo a tocar el extremo militar, los años entre 1948 y 1958 serán de retroceso para las formas políticas democráticas, y de menores cambios en lo económico. Será a partir del Pacto de Puntofijo que los partidos políticos que buscaban el juego democrático puedan contener la impronta militar, evitar la autodepredación a que dio lugar el sectarismo de 1945-1948, y se exprese a partir de las elecciones de 1973 un sistema bipartidista, que tendrá vigencia hasta las elecciones de 1993, cuando ya el ensayo de la democracia de partidos hacía aguas por todas partes. La segunda presidencia de Rafael Caldera, uno de los creadores de la democracia representativa y de partidos, será la de la antipolítica: último esfuerzo de un coautor del sistema de salvarlo por la vía de la separación de una de sus columnas fundamentales: el partido Copei.
Luego, la crisis de la democracia representativa, como todas ellas asentada sobre la institución de los partidos, se hizo indetenible, y los venezolanos elegimos a quien ofrecía enterrar el sistema: el teniente coronel retirado Hugo Chávez. Con las banderas de Bolívar, Zamora, Simón Rodríguez y la elección de una Asamblea Constituyente, alcanzó el poder en las elecciones de 1998, y alentó la redacción de una nueva Constitución Nacional que buscara pasar de la Democracia Representativa a la Directa, que en Venezuela es llamada «participativa o protagónica». Ahora busca pasar del liberalismo económico al socialismo, así como a la reelección indefinida, mediante una reforma constitucional. Todo esto ha podido hacerse gracias a los altísimos precios del petróleo, que ha permitido la instauración de una retórica izquierdista que no se oía en el planeta desde hace años, desde que se comprobó que el socialismo autoritario, que negaba la propiedad privada, después de setenta años en la URSS nunca alcanzó a ser productivo, y sumió a la enorme nación en la pobreza, al igual que a sus satélites de la Europa del Este.
De la historia política venezolana puede decirse que está determinada por dos factores principales: el militar y el petrolero. El primero ha dificultado la instauración de una práctica democrática, aunque también puede decirse que ha sido expresión de un espíritu autoritario de tradición histórica. El segundo ha terminado por hacer del Estado venezolano un Leviatán que cada día deja menos espacio para la iniciativa particular, dificultándole gravemente a la nación la diversificación de su economía. Además, ha conducido a que al elegir presidente de la república en Venezuela estemos prácticamente seleccionando un monarca, con muy pocos contrapesos democráticos, ya que dispone de la llave de la principal industria del país.
¿Cómo salimos de este laberinto? No lo sé, pero estoy seguro que por el camino que nos lleva el gobierno de Hugo Chávez cada día somos más dependientes del petróleo, hay menos actividad económica productiva y menos espacio para la libertad, ya sea individual o colectiva. Nadie puede decir que ahora los venezolanos somos menos pobres, más libres, y que construimos una república con certezas. Es cierto que ahora hay más recursos que repartir, dado el precio del petróleo, pero las fuerzas económicas productivas, las que pueden construir una economía independiente no gozan de las condiciones mínimas de funcionamiento. Las importaciones crecen día a día. Todo se sustenta sobre el precio del petróleo. El día que baje, constataremos una vez más que fuimos gobernados por un «hombre fuerte» que no entendió que su tarea era preparar al país para las vacas flacas, mientras estaban gordas.
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Rafael Arráiz Lucca (Caracas, Venezuela, 1959 - Presente). Escritor, abogado, magíster en Historia de Venezuela. Es Profesor titular dela Universidad Metropolitana e Individuo de Número de la Academia Venezolana de la Lengua. Su trabajo ha merecido el Premio de Poesía de Fundarte (1987), el Premio Municipal de Poesía de Caracas (1993), y los reconocimientos como mejor articulista de opinión del año: Premio Monseñor Pellín (1999) y Premio Henrique Otero Vizcarrondo del diario El Nacional (2001).
En el campo de la gerencia cultural, se ha desempeñado como Subdirector de la Galería de Arte Nacional, Presidente de Monte Ávila Editores Latinoamericana y Director General del Consejo Nacional de la Cultura. Ha sido investigador en el Instituto de Estudios Avanzados; Visiting Fellow en la Universidad de Warwick (1996) y titular de la Cátedra Andrés Bello del Saint Antony’s College de la Universidad de Oxford (1999-2000), ambas en Gran Bretaña. Desde 1997 es columnista del diario El Nacional . Desde el año 2000, preside la Fundación para la Cultura Urbana. Actualmente, es Decano Director del Centro de Estudios Latinoamericanos Arturo Uslar Pietri de la Universidad Metropolitana.
